Movimiento ATD Cuarto Mundo España

El pasado 8 de junio participamos en el Congreso del Programa Regional de Apoyo a los Defensores del Pueblo Iberoamericanos. Está fue la ponencia que presentamos:

“ALLÍ DONDE HAY PERSONAS CONDENADAS A VIVIR EN LA MISERIA LOS DERECHOS HUMANOS SON VIOLADOS. UNIRSE PARA HACERLOS RESPETAR ES UN DEBER SAGRADO.”

Con esta frase Joseph Wresinski, fundador del Movimiento ATD Cuarto Mundo, invitó a seguir luchando por la erradicación de la pobreza a las miles de personas que se congregaron en la Plaza del Trocadero de París el 17 de Octubre de 1987. Porque este combate por construir un mundo en el que todo el mundo viva en condiciones dignas debe basarse en el reconocimiento de los Derechos Humanos sin exclusiones. Este mensaje sigue siendo la referencia clave para quienes estamos comprometidos dentro del Movimiento ATD Cuarto Mundo. Por eso, en los diferentes países en los que estamos presentes, tratamos de avanzar en común con colectivos y redes aliadas en este esfuerzo por hacer valer los Derechos Humanos frente a la vulneración de los mismos que supone la misera.

Como muestra, un botón. A finales del mes de mayo de 2018 hemos presentado, junto a otras 18 entidades, una queja ante el Defensor del Pueblo en España por la política de suspensiones de Rentas Mínimas de Inserción que está desarrollando el gobierno de la Comunidad de Madrid. Estas Rentas son el único ingreso que tienen miles de familias en la región, ya que sólo se recibe cuando se justifica que no se tiene ningún otro ingreso que permita superar unos mínimos con los que poder sobrevivir. Sí, sobrevivir. La Renta Mínima de Inserción (en adelante RMI) está reconocida como una ayuda de supervivencia, aunque no permita vivir dignamente con el nivel de vida que hay en la Comunidad de Madrid, ya que su cuantía se encuentra entre 400 y 700 euros mensuales, según sea el número de miembros de la unidad familiar.

Es una ayuda escasa. Pero la queja que hemos presentado no se refiere a esta escasez, porque antes que plantear esta cuestión, hay que señalar que en el momento actual se está suspendiendo esta ayuda a muchas familias (más de 3000 en el último año y medio) aplicando criterios muy restrictivos, tergiversando la propia normativa y dejando a estas familias en situación de clara indefensión.

Este es el caso de Juana, por ejemplo. Ella recibió una carta del departamento de gestión RMI porque “sospechan” que puede haber una irregularidad. No tienen las pruebas fehacientes de la misma, ya que si las tuvieran le suspenderían la prestación temporal o permanentemente. Lo que tienen son indicios, ni más ni menos. Según la normativa, en estos casos en los que se sospecha una posible irregularidad sin tener todavía confirmación, se debe conceder audiencia previa a la persona que percibe la prestación y darle la oportunidad de dar explicaciones. Pero no hacen eso. Sin comunicación ni requerimiento previo se procede a la suspensión cautelar de la ayuda hasta que la persona demuestre que no ha cometido ninguna irregularidad. ¿Dónde queda la presunción de inocencia? Parece que eso es algo que no se aplica a quienes viven en pobreza, de quienes se sospecha constantemente. Además, la aplicación de esta presunción de culpabilidad deja a la persona y a su familia, en una situación de máxima precariedad. Se trata de una familia que recibía una ayuda de superviviencia por no tener ningún otro ingreso, pero esta se le suspende aunque no se haya demostrado que ya no tiene necesidad de ella. Y ademas, al cortar esta prestación se corta la vía de acceso a otros derechos, como es el derecho a la atención sanitaria (al perder la prestación farmacéutica que le permitía acceder a los medicamentos que necesitaba), el derecho a la alimentación de sus hijos e hijas (al perder la beca de comedor que lleva implícita la RMI, y que garantizaba una comida adecuada al día), y el derecho a la educación (al ser más difícil conseguir becas para libros).

La queja presentada al Defensor del Pueblo español se refiere a la gestión de la RMI, pero no es la única institución que se apoya en la situación de precariedad de estas familias para vulnerar algunos de sus derechos fundamentales. Esto nos lo confirma el caso de Alicia, por ejemplo, que tras pedir una prestación a la que tiene derecho al Servicio Público de Empleo (SEPE), ve como se la deniegan porque falta que entregue una documentación de sus hijos menores de edad. Cuando reclama parar decir que ha entregado todos los papeles de los dos menores que viven con ella, la contestan rechazando esa reclamación basándose en que faltan los de un tercer menor… ¡que tiene 26 años! El escrito de denegación le dice que si no está de acuerdo con la resolución puede ir a denunciar a los juzgados de lo social. Comentando el caso con una trabajadora social que participa en la Oficina Jurídica por los Derechos Sociales, ésta es clara: “El SEPE no da nunca marcha atrás, aunque se equivoque de manera flagrante. Sabe que nadie sigue denunciando ante los tribunales”. Alicia es consciente del error que han cometido con ella. Pero, efectivamente, termina por no denunciar ante el juzgado. Siente que es demasiado esfuerzo para algo que ve muy difícil de lograr. ¿Cómo va ella a conseguir vencer a una institución tan imponente?

Algunas personas, muy pocas, sí que se han atrevido a dar el paso de la denuncia. Y son tan flagrantes las vulneraciones de derechos que sufren por parte de las instituciones que en varios de estos casos se han terminado ganando los juicios. Por ejemplo, Leticia. En su momento solicitó la RMI y tardaron más de un año en concedérsela. Tiempo largo de acumular deudas y problemas. Cuando por fin empezó a cobrar la RMI, la alegría no fue completa, porque como nunca se pagan los atrasos acumulados en el tiempo de espera de la concesión (a diferencia de las Pensiones) no era posible resolver las deudas. Así que Leticia denunció a la Comunidad de Madrid por la tardanza y la no retribución durante el tiempo de más esperado. Ganó el juicio. Y la Comunidad de Madrid terminó pagando en seguida, sin recurrir la sentencia, no fuera a ser que este caso se difundiera o que llegara a tribunales superiores y sentara jurisprudencia.

Juana, Alicia y Leticia. Tres ejemplos de cómo los derechos de quienes viven mayor precariedad son vulnerados por las mismas instituciones que deberían protegerlos. Tres ejemplos que nos empujan a colocar la cuestión de los Derechos Humanos como motor esencial de la lucha contra la pobreza.

Esto fue precisamente lo que se aprobó en 2012 en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, al adoptar los Principios Rectores sobre la Extrema Pobreza y los Derechos Humanos. Unos Principios Rectores que “se basan en la idea de que erradicar la extrema pobreza no es simplemente un deber moral, sino que es también una obligación jurídica según el marco vigente de las normas internacionales de derechos humanos. En consecuencia, las normas y los principios de derechos humanos deben tenerse muy en cuenta en la lucha contra la pobreza y en la orientación de todas las políticas públicas, que afectan a las personas que viven en la pobreza.”

Estos Principios Rectores sobre la Extrema Pobreza y los Derechos Humanos son importantes, ya que:

1. Reconocen que la pobreza extrema es el resultado de múltiples violaciones de derechos humanos, y explican las circunstancias de las violaciones más frecuentes hacia los derechos de las personas que viven en la extrema pobreza.

Por eso es necesario dar un paso al frente cuando a quienes viven en gran precariedad se les vulnera un derecho, ya que frecuentemente termina arrastrando a otros. Es lo que pasa con las suspensiones de la Renta Mínima de Inserción, que conlleva también la suspensión de becas de libros y comedor para sus hijas e hijos, así como la pérdida de la exención del pago de medicamentos que tenían cuando recibían la prestación.

2. Reafirman que las personas que viven en la extrema pobreza son titulares de derechos, y están destinados a habilitar a las personas que viven en extrema pobreza a reclamar sus derechos y ser reconocidos como actores en la lucha contra la pobreza.

Pasar de la enunciación de los derechos a su cumplimiento no es algo automático en el caso de quienes están acostumbradas a encontrar mil y un barreras para ejercerlos. Además, su precariedad, el miedo y la inseguridad que ésta conlleva bloquea muchas veces los procesos para reclamarlos. ¿Cómo denunciar, como en este caso de las Rentas Mínimas, a la misma institución a la que estás pidiendo una ayuda para sobrevivir? ¿Cómo recurrir a los tribunales en caso necesario, cuando en la experiencia de muchas de estas familias los juzgados son esos lugares a los que vas cuando te van a desahuciar, o quitar la tutela de tus hijos, o a multar o a encarcelar a alguien cercano? Habilitar para poder ejercer los derechos se convierte en estos casos en una apuesta que requiere un acompañamiento largo y comprometido a su lado, como se recoge en el manual “Haciendo que los Derechos Humanos funcionen para las personas que viven en extrema pobreza”

3. Enumeran las principales obligaciones de los Estados hacia los que viven en extrema pobreza, así como las medidas que pueden ser adoptadas por las organizaciones internacionales, empresas y organizaciones de la sociedad civil para respetar, proteger y garantizar sus derechos.

Es imprescindible recordar a las administraciones cuáles son sus obligaciones en materia de Derechos Humanos, incluyendo los Derechos Sociales, Económicos y Culturales (DESC), estableciendo mecanismos de evaluación y seguimiento de su cumplimiento. Así debemos hacer con los Principios Rectores sobre la Extrema Pobreza y los Derechos Humanos, que señalan como prioritarias algunas dimensiones recogidas también desde otras instituciones. En España son especialmente significativos en este sentido las evaluaciones que se han realizado desde el Comité DESC de la ONU (que ha instado especialmente a evaluar la vulneración de derechos que han conllevado los recortes, especialmente para quienes viven en mayor pobreza, y acabar con la exclusión sanitaria de las personas migrantes y con los desahucios sin alternativa) y desde el Comité Europeo de Derechos Sociales (que basándose en la Carta Social Europea, gran desconocida en nuestro país pero incluida dentro del marco legislativo de nuestro país, ha señalado la insuficiencia del sistema de rentas mínimas, ya que siguen manteniendo a quienes las reciben por debajo del umbral de la pobreza).

Queda mucho camino por recorrer de cara a poder garantizar los Derechos Humanos sin dejar a nadie atrás. Pero sobre todo es un camino que no podemos hacer más que en común, sumando fuerzas, inteligencias y capacidades a partir de quienes luchan día a día desde las situaciones mayor pobreza y exclusión.

Sigamos…