Movimiento ATD Cuarto Mundo España
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Acompañar para hacer efectivos los derechos

El pasado 8 de junio participamos en el Congreso del Programa Regional de Apoyo a los Defensores del Pueblo Iberoamericanos. Está fue la ponencia que presentamos:

“ALLÍ DONDE HAY PERSONAS CONDENADAS A VIVIR EN LA MISERIA LOS DERECHOS HUMANOS SON VIOLADOS. UNIRSE PARA HACERLOS RESPETAR ES UN DEBER SAGRADO.”

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Con esta frase Joseph Wresinski, fundador del Movimiento ATD Cuarto Mundo, invitó a seguir luchando por la erradicación de la pobreza a las miles de personas que se congregaron en la Plaza del Trocadero de París el 17 de Octubre de 1987. Porque este combate por construir un mundo en el que todo el mundo viva en condiciones dignas debe basarse en el reconocimiento de los Derechos Humanos sin exclusiones. Este mensaje sigue siendo la referencia clave para quienes estamos comprometidos dentro del Movimiento ATD Cuarto Mundo. Por eso, en los diferentes países en los que estamos presentes, tratamos de avanzar en común con colectivos y redes aliadas en este esfuerzo por hacer valer los Derechos Humanos frente a la vulneración de los mismos que supone la misera.

Como muestra, un botón. A finales del mes de mayo de 2018 hemos presentado, junto a otras 18 entidades, una queja ante el Defensor del Pueblo en España por la política de suspensiones de Rentas Mínimas de Inserción que está desarrollando el gobierno de la Comunidad de Madrid. Estas Rentas son el único ingreso que tienen miles de familias en la región, ya que sólo se recibe cuando se justifica que no se tiene ningún otro ingreso que permita superar unos mínimos con los que poder sobrevivir. Sí, sobrevivir. La Renta Mínima de Inserción (en adelante RMI) está reconocida como una ayuda de supervivencia, aunque no permita vivir dignamente con el nivel de vida que hay en la Comunidad de Madrid, ya que su cuantía se encuentra entre 400 y 700 euros mensuales, según sea el número de miembros de la unidad familiar.

Es una ayuda escasa. Pero la queja que hemos presentado no se refiere a esta escasez, porque antes que plantear esta cuestión, hay que señalar que en el momento actual se está suspendiendo esta ayuda a muchas familias (más de 3000 en el último año y medio) aplicando criterios muy restrictivos, tergiversando la propia normativa y dejando a estas familias en situación de clara indefensión.

Este es el caso de Juana, por ejemplo. Ella recibió una carta del departamento de gestión RMI porque “sospechan” que puede haber una irregularidad. No tienen las pruebas fehacientes de la misma, ya que si las tuvieran le suspenderían la prestación temporal o permanentemente. Lo que tienen son indicios, ni más ni menos. Según la normativa, en estos casos en los que se sospecha una posible irregularidad sin tener todavía confirmación, se debe conceder audiencia previa a la persona que percibe la prestación y darle la oportunidad de dar explicaciones. Pero no hacen eso. Sin comunicación ni requerimiento previo se procede a la suspensión cautelar de la ayuda hasta que la persona demuestre que no ha cometido ninguna irregularidad. ¿Dónde queda la presunción de inocencia? Parece que eso es algo que no se aplica a quienes viven en pobreza, de quienes se sospecha constantemente. Además, la aplicación de esta presunción de culpabilidad deja a la persona y a su familia, en una situación de máxima precariedad. Se trata de una familia que recibía una ayuda de superviviencia por no tener ningún otro ingreso, pero esta se le suspende aunque no se haya demostrado que ya no tiene necesidad de ella. Y ademas, al cortar esta prestación se corta la vía de acceso a otros derechos, como es el derecho a la atención sanitaria (al perder la prestación farmacéutica que le permitía acceder a los medicamentos que necesitaba), el derecho a la alimentación de sus hijos e hijas (al perder la beca de comedor que lleva implícita la RMI, y que garantizaba una comida adecuada al día), y el derecho a la educación (al ser más difícil conseguir becas para libros).

La queja presentada al Defensor del Pueblo español se refiere a la gestión de la RMI, pero no es la única institución que se apoya en la situación de precariedad de estas familias para vulnerar algunos de sus derechos fundamentales. Esto nos lo confirma el caso de Alicia, por ejemplo, que tras pedir una prestación a la que tiene derecho al Servicio Público de Empleo (SEPE), ve como se la deniegan porque falta que entregue una documentación de sus hijos menores de edad. Cuando reclama parar decir que ha entregado todos los papeles de los dos menores que viven con ella, la contestan rechazando esa reclamación basándose en que faltan los de un tercer menor… ¡que tiene 26 años! El escrito de denegación le dice que si no está de acuerdo con la resolución puede ir a denunciar a los juzgados de lo social. Comentando el caso con una trabajadora social que participa en la Oficina Jurídica por los Derechos Sociales, ésta es clara: “El SEPE no da nunca marcha atrás, aunque se equivoque de manera flagrante. Sabe que nadie sigue denunciando ante los tribunales”. Alicia es consciente del error que han cometido con ella. Pero, efectivamente, termina por no denunciar ante el juzgado. Siente que es demasiado esfuerzo para algo que ve muy difícil de lograr. ¿Cómo va ella a conseguir vencer a una institución tan imponente?

Algunas personas, muy pocas, sí que se han atrevido a dar el paso de la denuncia. Y son tan flagrantes las vulneraciones de derechos que sufren por parte de las instituciones que en varios de estos casos se han terminado ganando los juicios. Por ejemplo, Leticia. En su momento solicitó la RMI y tardaron más de un año en concedérsela. Tiempo largo de acumular deudas y problemas. Cuando por fin empezó a cobrar la RMI, la alegría no fue completa, porque como nunca se pagan los atrasos acumulados en el tiempo de espera de la concesión (a diferencia de las Pensiones) no era posible resolver las deudas. Así que Leticia denunció a la Comunidad de Madrid por la tardanza y la no retribución durante el tiempo de más esperado. Ganó el juicio. Y la Comunidad de Madrid terminó pagando en seguida, sin recurrir la sentencia, no fuera a ser que este caso se difundiera o que llegara a tribunales superiores y sentara jurisprudencia.

Juana, Alicia y Leticia. Tres ejemplos de cómo los derechos de quienes viven mayor precariedad son vulnerados por las mismas instituciones que deberían protegerlos. Tres ejemplos que nos empujan a colocar la cuestión de los Derechos Humanos como motor esencial de la lucha contra la pobreza.

Esto fue precisamente lo que se aprobó en 2012 en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, al adoptar los Principios Rectores sobre la Extrema Pobreza y los Derechos Humanos. Unos Principios Rectores que “se basan en la idea de que erradicar la extrema pobreza no es simplemente un deber moral, sino que es también una obligación jurídica según el marco vigente de las normas internacionales de derechos humanos. En consecuencia, las normas y los principios de derechos humanos deben tenerse muy en cuenta en la lucha contra la pobreza y en la orientación de todas las políticas públicas, que afectan a las personas que viven en la pobreza.”

Estos Principios Rectores sobre la Extrema Pobreza y los Derechos Humanos son importantes, ya que:

  1. Reconocen que la pobreza extrema es el resultado de múltiples violaciones de derechos humanos, y explican las circunstancias de las violaciones más frecuentes hacia los derechos de las personas que viven en la extrema pobreza.

Por eso es necesario dar un paso al frente cuando a quienes viven en gran precariedad se les vulnera un derecho, ya que frecuentemente termina arrastrando a otros. Es lo que pasa con las suspensiones de la Renta Mínima de Inserción, que conlleva también la suspensión de becas de libros y comedor para sus hijas e hijos, así como la pérdida de la exención del pago de medicamentos que tenían cuando recibían la prestación.

  1. Reafirman que las personas que viven en la extrema pobreza son titulares de derechos, y están destinados a habilitar a las personas que viven en extrema pobreza a reclamar sus derechos y ser reconocidos como actores en la lucha contra la pobreza.

Pasar de la enunciación de los derechos a su cumplimiento no es algo automático en el caso de quienes están acostumbradas a encontrar mil y un barreras para ejercerlos. Además, su precariedad, el miedo y la inseguridad que ésta conlleva bloquea muchas veces los procesos para reclamarlos. ¿Cómo denunciar, como en este caso de las Rentas Mínimas, a la misma institución a la que estás pidiendo una ayuda para sobrevivir? ¿Cómo recurrir a los tribunales en caso necesario, cuando en la experiencia de muchas de estas familias los juzgados son esos lugares a los que vas cuando te van a desahuciar, o quitar la tutela de tus hijos, o a multar o a encarcelar a alguien cercano? Habilitar para poder ejercer los derechos se convierte en estos casos en una apuesta que requiere un acompañamiento largo y comprometido a su lado, como se recoge en el manual “Haciendo que los Derechos Humanos funcionen para las personas que viven en extrema pobreza

  1. Enumeran las principales obligaciones de los Estados hacia los que viven en extrema pobreza, así como las medidas que pueden ser adoptadas por las organizaciones internacionales, empresas y organizaciones de la sociedad civil para respetar, proteger y garantizar sus derechos.

Es imprescindible recordar a las administraciones cuáles son sus obligaciones en materia de Derechos Humanos, incluyendo los Derechos Sociales, Económicos y Culturales (DESC), estableciendo mecanismos de evaluación y seguimiento de su cumplimiento. Así debemos hacer con los Principios Rectores sobre la Extrema Pobreza y los Derechos Humanos, que señalan como prioritarias algunas dimensiones recogidas también desde otras instituciones. En España son especialmente significativos en este sentido las evaluaciones que se han realizado desde el Comité DESC de la ONU (que ha instado especialmente a evaluar la vulneración de derechos que han conllevado los recortes, especialmente para quienes viven en mayor pobreza, y acabar con la exclusión sanitaria de las personas migrantes y con los desahucios sin alternativa) y desde el Comité Europeo de Derechos Sociales (que basándose en la Carta Social Europea, gran desconocida en nuestro país pero incluida dentro del marco legislativo de nuestro país, ha señalado la insuficiencia del sistema de rentas mínimas, ya que siguen manteniendo a quienes las reciben por debajo del umbral de la pobreza).

Queda mucho camino por recorrer de cara a poder garantizar los Derechos Humanos sin dejar a nadie atrás. Pero sobre todo es un camino que no podemos hacer más que en común, sumando fuerzas, inteligencias y capacidades a partir de quienes luchan día a día desde las situaciones mayor pobreza y exclusión.

Sigamos…

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12 de Junio #DefiendeRMI #DerechoRobado

La campaña RMI TU DERECHO convoca al pueblo de Madrid el 12 de junio a las 11,30 h. en la Puerta del Sol en protesta por la gestión restrictiva y arbitraria de la RMI impuesta por los gobiernos de Cifuentes/Garrido al menos desde comienzos de 2017, causando mucho dolor social.

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Por el abandono inmediato de esa práctica irregular y abusiva. Por una hoja de ruta de reforma del reglamento y la Ley 15/2001 de RMI, que tras 17 años de vigencia debe ser adaptada a las nuevas condiciones sociales y a los requerimientos de la Carta Social Europea.

Están desmantelando el sistema de renta mínima en Madrid.

– En abril de 2018 se han pagando 3000 prestaciones menos que en enero de 2017; en abril 2018 han cobrado RMI 1100 familias menos que el mes anterior, marzo 2018.

– La inversión en rentas mínimas ejecutada en el primer cuatrimestre de 2018 ha sido 2.084.419,20 euros menor a la ejecutada en el mismo cuatrimestre de 2017.

¡No es que haya menos necesidades sociales, es el proyecto de los gobiernos de Cifuentes/Garrido!

– En el primer cuatrimestre de 2018 sólo una de cada cuatro resoluciones iniciales han sido de concesión, cuando en 2017 lo fueron una de cada tres y en 2016 una de cada dos. ¡En 2017 ha habido 2270 concesiones menos que en 2016, para igual número de resoluciones!

– Entre 2016 y 2017 las suspensiones cautelares o por supuesto incumplimiento han aumentado en 1200, con “pretextos” asombrosos o desconocidos para las familias afectadas y para las trabajadoras sociales municipales, a las que los servicios de la Comunidad ya no contestan llamadas.

– Ese oscurantismo ha complicado los procesos de alegación, que en muchos casos superan los tres meses tras los que el gobierno de la Comunidad de Madrid procede a la extinción de la RMI: si en 2016 eso pasó a 635 familias, en 2017 le ha pasado a 1.400.

Negar, suspender o quitar el único recurso de subsistencia de muchas familias causa sufrimiento social injustificado, con especial incidencia en familias cuya titular es mujer con responsabilidades familiares no compartidas (una de cada cuatro rentas mínimas). Madrid no va bien.

El tipo de gestión de la RMI impuesta pretende frenar la inversión en rentas mínimas y aparentar que “Madrid va bien” simulando que hay menos pobreza. Pero es una política que aumenta la pobreza, especialmente la infantil, y que contribuye a su feminización ensanchando la brecha de género.

¡Actúen para erradicar la pobreza, no la escondan bajo alfombras o en altillos! Y no mientan, como hicieron al atribuirse haber hecho “durante todo el año 2017 aportaciones económicas por encima de los 381 millones de euros a hogares con bajos ingresos de la región”… incluyendo descaradamente “más de 213 millones de euros destinados a pensiones no contributivas y otras ayudas económicas asistenciales”, cuando las pensiones no contributivas son pensiones de la Seguridad Social pagadas con Presupuestos Generales del Estado, aunque las gestionen las comunidades autónomas.

Ahora, unamos fuerzas para poner fin a estos graves abusos. Pero también hagámoslo para conseguir un nuevo modelo de rentas mínimas más justo y suficiente.

Propuestas RMI Tu Derecho (completo): http://invisiblesdetetuan.org/propuestasjunio2018.pdf

Denunciemos las suspensiones irregulares de Rentas Mínimas en Madrid

LA COMUNIDAD DE MADRID DENUNCIADA ANTE EL DEFENSOR DEL PUEBLO POR SUSPENSIONES IRREGULARES DE RENTAS MÍNIMAS DE INSERCIÓN

Diversas entidades de lucha contra la pobreza nos hemos visto obligadas a tomar la palabra y denunciar hoy, 17 de Mayo, ante el Defensor del Pueblo, el aumento exponencial de suspensiones de Rentas Mínimas percibidas por familias en situación de gran precariedad, así como que éste se ha producido sin respetar los procedimientos señalados en la propia normativa que regula esta prestación.

Según datos de la Plataforma RMI Tu Derecho estas suspensiones están provocando que:

– En abril 2018 se hayan pagado 3.000 RMI menos que en enero 2017.

– En abril 2018 se hayan pagado 2.000 RMI menos que en diciembre 2017.

– En abril 2018 se hayan pagado 1.100 rentas menos que en marzo 2018.

A nuestras entidades han llegado gran número de personas y familias perceptoras de RMI que han sufrido suspensiones cautelares y temporales ejecutadas de manera irregular, sin que se realizaran previamente las comprobaciones necesarias para aplicar una medida tan traumática en situaciones de extrema pobreza, y sin tampoco aportar una información adecuada que les permitiera resolver la causa por la que se justifica la suspensión.

Teniendo en cuenta que la Renta Mínima de Inserción es una prestación que se concede para garantizar la subsistencia a quienes no tienen ninguna otra fuente de ingresos que lo permita, suspenderla, aunque sea de manera temporal, agudiza su situación de precariedad y puede llegar a tener consecuencias irreversibles aunque luego se consiga llegar a restituir en algunos casos. Los meses en los que se acumulan deudas de distinto tipo pueden conducir a deterioros graves de salud por no poder pagar los medicamentos, cortes de suministros por impagos, desahucios… Más aún cuando ni siquiera en los casos en los que se demuestra que la suspensión ha sido por error administrativo se produce posteriormente una devolución de los meses en los que no se ha cobrado, por lo que aunque se consiga restituir la prestación no hay capacidad para hacer frente a las deudas acumuladas.

Esta política de suspensiones indiscriminadas e irregulares implica una vulneración flagrante del derecho a la renta mínima, no solo legalmente reconocida como derecho subjetivo sino también como derecho humano reconocido en los textos internacionales (por ejemplo el art. 13 de la Carta Social Europea). Desde hace años el Comité Europeo de Derechos Sociales del Consejo de Europa ha señalado la inadecuación del sistema de Rentas Mínimas en España, ya que éstas deben ser otorgadas mientras exista la situación de necesidad, incumplimiento que se ve agravado con los procedimientos que están siendo llevados a cabos por los servicios de gestión de la RMI en la Comunidad de Madrid, que parecen buscar la suspensión del mayor número de prestaciones sin atender a la situación de necesidad real que haya detrás de ellas.

Las entidades denunciantes señalamos que no se están cumpliendo las normativas que obligan a una audiencia previa en caso de sospecha de irregularidad en la prestación, aplicando directamente suspensiones ante meros indicios, sin permitir una explicación o defensa por parte de las personas perceptoras. En muchos de estos casos, además, se está responsabilizando a éstas de incumplimientos o fallos en la coordinación por parte de las propias administraciones. Además, no se realiza una comunicación adecuada de las resoluciones, ni de los mecanismos que pueden permitir revertirlas, promoviendo así no solo la precariedad sino la impotencia e indefensión de quienes se ven de repente sin sus únicos ingresos y sin saber si será posible recuperarlos (lo cual no es fácil, de hecho 2 de cada 5 suspensiones cautelares terminan en extinción de la RMI). Por último, señalamos también la necesidad de hacer públicos los documentos relativos a la gestión de los procedimientos de la Renta Mínima de Inserción, para evitar el oscurantismo que rodea actualmente las prácticas en este campo.

Texto completo de la denuncia.

Al mismo tiempo, los colectivos firmantes animamos a participar en las movilizaciones convocadas por la plataforma RMI Tu Derecho en torno a la campaña RMI: Derecho Robado, como la concentración que tendrá lugar en la Puerta del Sol el 12 de junio a las 11:30 h.

 

 

Entidades y Colectivos que apoyan la denuncia:

Movimiento ATD Cuarto Mundo España

Asociación Apoyo

Observatorio de la Exclusión Social y los Procesos de Inclusión en la Comunidad de Madrid

Coordinadora de Barrios

C.P. San Carlos Borromeo

Foro ServSocial Madrid

Invisibles de Tetuán

Red de Solidaridad Popular Latina Carabanchel

Asociación Karibu

Asociación Atiempo

Programa Regional de Apoyo a las Defensorías del Pueblo de Iberoamérica (Universidad de Alcalá)

La Merced Migraciones

Asociación Hortaleza Crew

Asamblea 15M Sierra Norte de Madrid

Para que los derechos humanos no sean papel mojado

Con estas palabras presentamos el concierto de gospel del pasado 20 de abril. Una palabras para animar y apoyar la lucha por los derechos humanos sin exclusiones.

Hola a todos y todas, gracias por venir.

Quiero comenzar hoy esta presentación del acto con unas palabras de Martine Le Corre, que es Delegada General de ATD Cuarto Mundo y que vienen muy a propósito de lo que presentamos hoy aquí. Son palabras publicadas este mismo mes:

Podemos decir que se requiere mucho tiempo para permitir a alguien,…personas maltrechas por la vida, …para permitir expresarse, para entender de donde viene y todo eso…Es cierto. Pero también requiere mucho tiempo para que cambien las prácticas profesionales, las prácticas políticas, y nunca se habla de esta lentitud sino sólo de las personas en situación de más grave pobreza.”

En su discurso ella interpelaba: “debemos dejar de encontrar justificaciones para echar la culpa a los demás. A partir del momento que dejas de descargar tu responsabilidad en otra persona o en una jerarquía, o yo que sé en qué…ya estás dando pasos, porque quiere decir que tu misma te vas a compromerter y que vas a encontrar pistas de compromiso en función de dónde estás y a quien te tienes que dirigir”. Y finalmente hablaba del VALOR PARA HACERLO.

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Esto es lo que hoy vengo a presentar. Asistimos y somos testigos de la lentitud de los cambios, y más allá de ello, de un momento de involución de los derechos humanos. En un mapa en el que lo básico no está conseguido para la mayor parte de la humanidad, continuamos en el esfuerzo de preguntarnos cómo lograr avanzar en los derechos humanos con las personas que viven las situaciones mas difíciles y que nos dicen que no podemos ser tan pacientes ante lo que no avanza, como decía Martine.

Participamos el pasado mes de marzo en la Marcha Básica, que quería reivindicar cinco puntos clave ante el Parlamento: renta básica y cumplimiento de la Carta Social sobre suficiencia, vivienda digna, educación y sanidad públicas para todas, así como pensiones y trabajo que permita a todo el mundo sentirse útil a través de su aportación a la sociedad.

Hace un año, en diálogo con el Ayuntamiento de Madrid, contribuímos a la Jornada de Rentas Dignas, y en el marco de la Comisión Europea, con la propuesta de “Nuestras Voces”, reflexionábamos sobre el trabajo para los mas pobres con los parlamentarios e instituciones europeas y compañeros y compañeras de Irlanda y Polonia.

También en el Eje de Vivienda Digna de nuestra programación hemos compartido espacio con representantes de la Administración de la Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid, donde a veces nos hemos visto obligados a defender que nuestras vidas son reales.

No vamos a dejar de intentar que los políticos nos tomen en cuenta como iguales y buscar vías de diálogo. Una persona a la que han suspendido la Renta Mínima nos hacía llegar esta reflexión esta semana, de la que os traslado parte: “Opino que este gobierno nos está exterminando, bien por hambre, por frio o calor debido a la intemperie, bien por enfermedad por la ausencia de salud social (…)

¡Ministros, Senadores, Diputados… etc! ¿Tan preocupados estáis por vosotros mismos que habéis olvidado vuestras promesas? ¿tanto miedo tenéis para que ninguna voz se alce en el parlamento y denuncie que el pueblo se muere? ¿qué dirían vuestros antepasados, que al igual que los nuestros lucharon por una sociedad mas justa? Por una sociedad para todos, por unos derechos que nos estais arrebatando. ¡Digan! ¿qúe dirían?

Nos matáis de necesidad y ahora ni siquiera nos podemos expresar porque os ofendéis, nos silenciais, nos condenáis… y como que existe un Dios, somos inocentes, somos vuestras víctimas.”

Es una de las 3000 familias que han desaparecido misteriosamente de la nómina de Renta Mínima de enero a marzo. Según la plataforma, en la que participamos también, RMI Tu Derecho, hay 6400 prestaciones menos que en este mismo periodo en 2017, y sólo una de cada cuatro nuevas solicitudes de prestación ha sido resuelta de manera positiva, mientras en 2017 era una de cada tres, y en 2016 una de cada dos.

El Congreso debate sobre otra renta, sobre si será o no compatible con las de las comunidades autónomas, sin debatir ninguno de ellos sobre el incumplimiento del Estado de la Carta Social Euroepa en este asunto, denunciado por el Comité Europeo de Derechos Sociales otra vez en este mes de enero.

Mientras esto pasa nos hemos puesto manos a la obra, por ejemplo sumándonos a la pregunta de RMI Tu Derecho a Cifuentes sobre si odia a los pobres. Pero también, en paralelo, hemos decidido no seguir responsabilizando a otros y buscar amigos dispuestos a echarle valor y usar las leyes que otros consiguieron, para que no queden en papel mojado. Defender los derechos. Vamos a dar trabajo a jueces, abogados, defensor del pueblo… hemos encontrado a personas dispuestas a comprometerse para que la pobreza acabe y nos estamos reuniendo los lunes primeros de cada mes: abogados, profesores de universidad expertos en derecho, colectivos que conocen de la vulneración de derechos y que no quieren mantenerse al margen, y estamos viendo vías jurídicas para defender lo que ya existe y no se cumple: YA.

Hoy agracecemos especialmente a la Universidad Pontificia de Comillas que siempre nos acoge, y al grupo Spirir to All que han querido sumar su contribución para hacer posible el acto para presentar la Oficina Jurídica de Derechos Sociales. Os animamos a que os unáis con lo que cada cual piense que puede aportar, y hoy en especial, como esto no va a resultar gratis, necesitamos también un empujón económico.

Y ahora ya un gran aplauso a este gran grupo de expceción que como en otras ocasiones ha puesto su música que es lo que ellos mejor hacen para apoyarnos.

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