Desde ATD Cuarto Mundo España y la Oficina Jurídica de Derechos Sociales (OJDS) expresamos nuestra profunda preocupación por el contenido de las observaciones remitidas por la Abogacía General del Estado, en representación del Gobierno de España, ante el Comité Europeo de Derechos Sociales (CEDS), en el marco de la Reclamación Colectiva n.º 241/2024 relativa al Ingreso Mínimo Vital (IMV).

El Estado debería explicar justificadamente por qué consideran que el IMV cumple con lo dispuesto en el Tratado internacional, refiriéndose a todas y cada una de las denuncias expuestas y justificadas en la Reclamación colectiva. No lo hace. La respuesta española no se refiere a los incumplimientos argumentados y acreditados, que eran los siguientes:  la insuficiencia de rentas; la discontinuidad de la prestación; las limitaciones por edad; las limitaciones por residencia legal; la falta de armonización con las prestaciones de las Comunidades Autónomas; las deficiencias de sistema de revisión y actualización de las prestaciones; las deficiencias en la concepción de la compatibilidad con ingresos de trabajo; el impacto negativo en personas con mayor vulnerabilidad o el grave problema de los cobros indebidos.

A través de un informe de observaciones de la abogacía general del Estado, en nombre del Gobierno de España, sobre el fondo de la reclamación colectiva planteada por ATD Cuarto Mundo ante el Comité Europeo de Derechos Sociales, registrada con el número 241/2024, sostiene en su defensa que la normativa y la gestión del IMV se ajustan a la Carta Social Europea Revisada, refiriéndose al Ingreso Mínimo Vital como una medida “modélica, única en el mundo” y alineada con el Pilar Europeo de Derechos Sociales. Sin embargo, las afirmaciones de las autoridades españolas resultan insuficientes, inexactas y alejadas de la realidad social que viven las personas beneficiarias del IMV y, sobre todo, fuera del marco del procedimiento de revisión de la Carta Social Europea mediante la presentación y estudio de las Reclamaciones Colectivas por el Comité europeo de Derechos Sociales.

Un discurso triunfalista frente a una realidad de exclusión

El escrito presentado por el Gobierno elude responder a las denuncias de fondo planteadas en la Reclamación Colectiva ante el Comité Europeo de Derechos Sociales y se limita a apelar a la novedad técnica y magnitud del programa. Consideramos especialmente grave el intento de diluir las obligaciones jurídicas derivadas de la Carta Social Europea confundiéndolas con compromisos políticos no vinculantes del Pilar Social, y la falta de sensibilidad con el dolor que está representando para cientos de miles de familias los procedimientos de cobros indebidos, y la falta de acceso por denegación que genera la propia ley.

La Carta Social Europea es un tratado internacional de obligado cumplimiento, y España está legalmente vinculada a respetar los derechos contenidos en ella, formando parte del ordenamiento jurídico que puede ser reclamado en tribunales como ultimas medidas de efectividad del derecho si España se negara al acatamiento de la decisión de fondo. Resulta alarmante que el Estado confunde compromisos políticos con obligaciones jurídicas internacionales y niegue la naturaleza vinculante de los derechos sociales reconocidos en la Carta.

Una defensa gubernamental sin datos contrastables

El Gobierno omite ofrecer evidencias sustantivas de cumplimiento de los artículos 13 y 30 de la Carta  —derecho a la asistencia social y protección contra la pobreza—, limitándose a afirmar que el IMV forma parte de un conjunto de políticas públicas. No se aportan explicaciones verificables sobre la adecuación de las cantidades, la continuidad real de las prestaciones, ni sobre los criterios restrictivos que excluyen a ciertos grupos, como jóvenes, personas sin residencia legal o familias numerosas.

Además, el documento gubernamental ignora problemas fundamentales reconocidos incluso por sus propios organismos evaluadores, como la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), que ha identificado una baja efectividad del IMV para reducir la pobreza y un riesgo de desincentivo laboral entre los perceptores de menores ingresos.

Preparando nuestra réplica

Ante la falta de rigor y el tono autocomplaciente del informe del Gobierno, ATD Cuarto Mundo y la Oficina Jurídica de Derechos Sociales trabajamos en la preparación de la réplica oficial ante el Comité Europeo de Derechos Sociales, reforzada con datos estadísticos, informes técnicos y testimonios directos que evidencian el incumplimiento estructural de los estándares de la Carta Social Europea en materia de rentas mínimas.

Llamamiento a la sociedad civil y entidades aliadas

Por todo esto hacemos un llamamiento a las entidades sociales, sindicatos y colectivos ciudadanos a participar en este proceso ante el CEDS, aportando testimonios, informes y alegaciones que reflejan el impacto real del IMV sobre las personas más vulnerables. La defensa de los derechos sociales fundamentales requiere no sólo marcos legales ambiciosos, sino su aplicación efectiva conforme al compromiso internacional de España.