ATD Cuarto Mundo y la Oficina Jurídica de Derechos Sociales celebran que el Comité Europeo de Derechos Sociales haya hecho públicas tanto las observaciones del Gobierno español de octubre de 2025 a la reclamación colectiva como la réplica de los demandantes, dando un nuevo plazo hasta final de mes de marzo para que el Gobierno reaccione.

La organización ATD Cuarto Mundo y la Oficina Jurídica de Derechos Sociales (OJDS) reiteran su profunda preocupación por el contenido de las observaciones remitidas por la Abogacía General del Estado, en representación del Gobierno de España, ante el Comité Europeo de Derechos Sociales (CEDS), en el marco de la Reclamación Colectiva n.º 241/2024 relativa al Ingreso Mínimo Vital (IMV).

El informe presentado por la Abogacía general del Estado en nombre del Gobierno de España, sobre el fondo de la reclamación colectiva planteada por ATD Cuarto Mundo ante el Comité Europeo de Derechos Sociales, registrada con el número 241/2024, se sustenta en un segundo documento que no ha sido publicado y aparece como ANEXO. Sostiene en su defensa que la normativa y la gestión del IMV se ajustan a la Carta Social Europea Revisada, refiriéndose al Ingreso Mínimo Vital como una medida “modélica, única en el mundo” y alineada con el Pilar Europeo de Derechos Sociales.

Sin embargo, las afirmaciones de las autoridades españolas resultan, a juicio de ATD Cuarto Mundo, insuficientes, inexactas y alejadas de la realidad social que viven las personas beneficiarias del IMV. Además están fuera del marco del procedimiento de revisión de la Carta Social Europea mediante el procedimiento de Reclamaciones Colectivas, ya que no explican las razones por las que consideran que el Estado cumple los estándares de la Carta Social ante cada una de las críticas denunciadas en la queja, y tampoco rebate ninguno de los incumplimientos concretos denunciados, referidos a la insuficiencia de rentas, discontinuidad de la prestación, limitaciones por edad, limitaciones por residencia legal, falta de armonización con las prestaciones de las comunidades autónomas, deficiencias de sistema de revisión y actualización de las prestaciones, deficiencias en la concepción de la compatibilidad con ingresos de trabajo, impacto negativo en personas con mayor vulnerabilidad o el grave problema de los cobros indebidos.

Un discurso triunfalista frente a una realidad de exclusión.

El escrito, como ya anunciaban los reclamantes que conocen esta respuesta del Gobierno desde octubre por habérsela trasladado el Comité, elude responder a las denuncias de fondo planteadas en la Reclamación Colectiva ante el Comité Europeo de Derechos Sociales y se limita a apelar a la novedad técnica y magnitud del programa.

La OJDS y ATD Cuarto Mundo consideran especialmente grave el intento de diluir las obligaciones jurídicas derivadas de la Carta Social Europea confundiéndolas con compromisos políticos no vinculantes del Pilar Social, y la falta de sensibilidad con el dolor que está representando para cientos de miles de familias los procedimientos de cobros indebidos, y la falta de acceso por denegación, que genera la propia Ley.

Como señala la organización reclamante, la Carta Social Europea es un Tratado internacional de obligado cumplimiento, y España está legalmente vinculada a respetar los derechos contenidos en ella, formando parte del ordenamiento jurídico que puede ser reclamado en tribunales como últimas medidas de efectividad del derecho si España se negara al acatamiento de la decisión de fondo. “Resulta alarmante que el Estado confunde compromisos políticos con obligaciones jurídicas internacionales y niegue la naturaleza vinculante de los derechos sociales reconocidos en la Carta”, subraya la Oficina Jurídica de Derechos Sociales.

Una defensa gubernamental sin datos contrastables.

El Gobierno omite ofrecer evidencias sustantivas de cumplimiento de los artículos 13 y 30 de la Carta —derecho a la asistencia social y protección contra la pobreza—, limitándose a afirmar que el IMV forma parte de un conjunto de políticas públicas. No se aportan explicaciones verificables sobre la adecuación de las cantidades, la continuidad real de las prestaciones, ni sobre los criterios restrictivos que excluyen a ciertos grupos, como jóvenes, personas sin residencia legal o familias numerosas.

Además, el documento gubernamental ignora problemas fundamentales reconocidos incluso por sus propios organismos evaluadores, como la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), que ha identificado una baja efectividad del IMV para reducir la pobreza y un riesgo de desincentivación laboral entre los perceptores de menores ingresos.

Ante la falta de rigor y el tono autocomplaciente del informe del Gobierno ATD Cuarto Mundo y la Oficina Jurídica de Derechos Sociales ha presentado su réplica en el mes de febrero de 2026, que se puede leer en la propia página del Comité (https://www.coe.int/en/web/european-social-charter/-/no.-241/2024-international-movement-atd-fourth-world-v.-spain), reforzada con datos estadísticos e informes técnicos, especialmente de la Airef y del Tribunal de Cuentas, y testimonios directos que evidencian el incumplimiento estructural de los estándares de la Carta Social Europea en materia de rentas mínimas.

El llamamiento a la sociedad civil y entidades aliadas ha sido contestado, y así en la réplica aparece en el anexo (que tampoco ha sido publicado en la página, desconociendo los porqués de esta decisión del Comité) la opinión de la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, el Consejo de Trabajo Social y la Asociación Alambique, todas ellas entidades de conocimiento directo de la realidad. Estos anexos se pueden encontrar publicados acá: https://drive.google.com/file/d/11idwZUMI7WdrAmOLor83C-4YV3F_eXGg/view?usp=sharing

Las organizaciones firmantes hacen un llamamiento a las entidades sociales, sindicatos y colectivos ciudadanos a participar en este proceso ante el CEDS, aportando testimonios, informes y alegaciones que reflejan el impacto real del IMV sobre las personas más vulnerables. “La defensa de los derechos sociales fundamentales requiere no sólo marcos legales ambiciosos, sino su aplicación efectiva conforme al compromiso internacional de España”, concluye ATD Cuarto Mundo, y sobre todo requiere seguir el ejemplo de las personas que viven en la pobreza, que resisten y no se resignan ante su fatalidad.