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Lo que la Comunidad esconde

Los colectivos sociales que formamos parte de la Campaña RMI Tu Derecho, hemos emitido hoy un comunicado en el que respondemos a los comentarios realizados por el vicepresidente de la Comunidad de Madrid Pedro Rollán, y su consejera de Políticas Sociales, María Dolores Moreno, que sostienen que el descenso de las concesiones de RMI se debe a la disminución de solicitantes. Sus declaraciones se produjeron después de que decenas de personas afectadas por el recorte en la RMI, siguiendo el llamamiento de la plataforma, se concentrasen en la Puerta del Sol de Madrid.

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Sobre concesiones (o no) de la RMI

Pedro Rollán dice que: “en ningún caso por parte del Gobierno de la Comunidad de Madrid se han endurecido las condiciones para que las personas solicitantes puedan ser beneficiarios de la Renta Mínima de Inserción”

Pero es que desde Plataforma RMI no hemos dicho que se haya cambiado la normativa de concesión de rentas mínimas, sino que desde inicios de 2017 se utilizan criterios de gestión arbitrariamente restrictivos. En el 2016 se concedieron una de cada dos resoluciones iniciales, en el 2017 lo fueron una de cada tres y en el primer semestre de 2018 sólo han sido de concesión una de cada cuatro. Es evidente que han endurecido las decisiones que toman. ¿Porqué? Eso es lo que tienen que explicar el vicepresidente y la Consejera de Políticas sociales y no lo han hecho. Si se hubiese mantenido la tasa de concesión de 2016, desde enero de 2017 se habrían concedido unas 3700 rentas mínimas MÁS que las que se han concedido.

Mª Dolores Moreno celebra que ha habido menos solicitudes de Renta Mínima en estos últimos años. Desde la Plataforma RMI Tu Derecho lo celebraríamos también si no fuera porque esta prestación nunca ha cubierto a todas las personas y familias en pobreza severa de la Comunidad de Madrid. En abril de 2018 el número de personas beneficiarias de RMI ronda las 92 mil personas, frente a las 300.000 personas que se calcula que viven cada día en situación de pobreza severa.

Desde nuestra experiencia al lado de personas y familias empobrecidas, constatamos que en el descenso de estas solicitudes juega un papel importante el agotamiento y la frustración que provoca la gestión actual de la Renta Mínima. Es llamativo que aunque haya habido menos solicitudes, las denegaciones hayan aumentado de 3.410 en 2016 a 4.452 en 2017. ¿Será por que hay más empleo, como insisten desde la Consejería de Políticas Sociales? Nos dirán que, las denegaciones por causas económicas han aumentado un 15%. Pero han aumentado mucho más otras causas más relacionadas con la gestión más restrictiva que se está haciendo de la prestación, como las relacionadas con acreditación de residencia en Madrid, que han aumentado un 36%, y especialmente las del no reconocimiento de la familia como unidad de convivencia independiente o por no llevar está seis meses constituida, que han aumentado un 138%. En este contexto nos encontramos con situaciones tan injustas como denegar la RMI a madres solteras cuyo bebe no tiene más de seis meses, argumentando que la unidad de convivencia madre e hijo recién nacido no tienen seis meses de convivencia efectiva.

Mientras que en 2016 la razón de tener ingresos suficientes suponía el 70% del total de las denegaciones de solicitud baja hasta el 62% en 2017.

Sobre suspensiones y extinciones de la RMI

El vicepresidente comenta también que: “afortunadamente hoy hay un número de beneficiarios ligeramente inferior porque estos han tenido la oportunidad de incorporarse al mundo laboral”

La Plataforma RMITuDerecho, junto a las familias empobrecidas perceptoras del RMI, nos alegramos por aquellas personas que han logrado incorporarse al mundo laboral. Conseguir un trabajo digno y que permita salir adelante a las familias en la actual situación de precariedad laboral que vivimos en Madrid es un gran logro, que no es posible sin el esfuerzo de estas personas por encontrar vías de acceso a unas condiciones de vida dignas. Ojalá que la reducción del número de beneficiarios de RMI se relacionara exclusivamente con este hecho. Pero no es así.

En lo que se refiere a las suspensiones, casi la mitad de ellas son suspensiones cautelares, unas 3500 en 2017 frente a las 2400 de 2016. Estas suspensiones cautelares, por “indicios” (es decir, que no hay constatación firme del hecho, sino sospecha) y sin realizar audiencia previa con la persona afectada. De esta manera se genera una situación de “presunción de culpabilidad” que conduce a la pérdida de esta ayuda para la supervivencia durante varios meses, en los que al estrés propio de tener que ajustarse a esta nueva situación sin ingresos se suma el tener que demostrar responder a los requerimientos de la Comunidad de Madrid. Esto se agrava, tal y como hemos denunciado ante el Defensor del Pueblo, por el hecho de que las notificaciones de estas suspensiones no se ajustan a derecho, debido a la falta de información adecuada y en tiempo sobre las causas de la suspensión y los requerimientos para revertirla. Una barrera más que impide a las familias afectadas defender su derecho a la prestación, lo que provoca que un gran número de ellas (un 40% de los casos) terminen en una extinción del derecho a los tres meses, no por demostración de la falta, sino por falta de información, tiempo y fuerzas para demostrar su “inocencia”.

De hecho, estas suspensiones cautelares, y no el acreditar haber encontrado un trabajo, como dice la Consejería de Políticas Sociales, es  la principal causa de extinción de la RMI. 1 de cada 3 extinciones se deben a suspensiones cautelares que no se revierten al cabo de 3 meses. En 2016 eran 1 de cada 4. Una nueva muestra de cómo la gestión del equipo actual está atacando el derecho a la Renta Mínima.

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Termina diciendo Pedro Rollán_ “Ojala el día de mañana, un día determinado, aunque pudiera parecer una utopía, pudiésemos hablar de la Renta Mínima de Inserción como algo del pasado.”

Todas deseamos ese futuro utópico sin RMI, pero a él no llegaremos disfrazando los datos, ni recortando el personal que atiende en los servicios sociales y que deben acompañar los itinerarios de promoción social, inexistentes o ineficaces en la mayoría de los casos.

Por ello, instamos al vicepresidente de la Comunidad de Madrid y a la Consejera de Políticas Sociales y Familia a  que el tiempo que utilizan en falsear los datos de protección a las personas más pobres de nuestra comunidad lo inviertan en crear políticas activas para llegar a la gran bolsa de personas empobrecidas que no llegan a solicitar la RMI, a facilitar el acceso a este derecho a toda vecina y vecino de la Comunidad de Madrid que lo necesite y revisar los  mecanismos de supervisión para que no generen indefensión ni mayor precariedad a personas y familias que la reciben por encontrarse en situación de pobreza severa.

 

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12 de Junio #DefiendeRMI #DerechoRobado

La campaña RMI TU DERECHO convoca al pueblo de Madrid el 12 de junio a las 11,30 h. en la Puerta del Sol en protesta por la gestión restrictiva y arbitraria de la RMI impuesta por los gobiernos de Cifuentes/Garrido al menos desde comienzos de 2017, causando mucho dolor social.

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Por el abandono inmediato de esa práctica irregular y abusiva. Por una hoja de ruta de reforma del reglamento y la Ley 15/2001 de RMI, que tras 17 años de vigencia debe ser adaptada a las nuevas condiciones sociales y a los requerimientos de la Carta Social Europea.

Están desmantelando el sistema de renta mínima en Madrid.

– En abril de 2018 se han pagando 3000 prestaciones menos que en enero de 2017; en abril 2018 han cobrado RMI 1100 familias menos que el mes anterior, marzo 2018.

– La inversión en rentas mínimas ejecutada en el primer cuatrimestre de 2018 ha sido 2.084.419,20 euros menor a la ejecutada en el mismo cuatrimestre de 2017.

¡No es que haya menos necesidades sociales, es el proyecto de los gobiernos de Cifuentes/Garrido!

– En el primer cuatrimestre de 2018 sólo una de cada cuatro resoluciones iniciales han sido de concesión, cuando en 2017 lo fueron una de cada tres y en 2016 una de cada dos. ¡En 2017 ha habido 2270 concesiones menos que en 2016, para igual número de resoluciones!

– Entre 2016 y 2017 las suspensiones cautelares o por supuesto incumplimiento han aumentado en 1200, con “pretextos” asombrosos o desconocidos para las familias afectadas y para las trabajadoras sociales municipales, a las que los servicios de la Comunidad ya no contestan llamadas.

– Ese oscurantismo ha complicado los procesos de alegación, que en muchos casos superan los tres meses tras los que el gobierno de la Comunidad de Madrid procede a la extinción de la RMI: si en 2016 eso pasó a 635 familias, en 2017 le ha pasado a 1.400.

Negar, suspender o quitar el único recurso de subsistencia de muchas familias causa sufrimiento social injustificado, con especial incidencia en familias cuya titular es mujer con responsabilidades familiares no compartidas (una de cada cuatro rentas mínimas). Madrid no va bien.

El tipo de gestión de la RMI impuesta pretende frenar la inversión en rentas mínimas y aparentar que “Madrid va bien” simulando que hay menos pobreza. Pero es una política que aumenta la pobreza, especialmente la infantil, y que contribuye a su feminización ensanchando la brecha de género.

¡Actúen para erradicar la pobreza, no la escondan bajo alfombras o en altillos! Y no mientan, como hicieron al atribuirse haber hecho “durante todo el año 2017 aportaciones económicas por encima de los 381 millones de euros a hogares con bajos ingresos de la región”… incluyendo descaradamente “más de 213 millones de euros destinados a pensiones no contributivas y otras ayudas económicas asistenciales”, cuando las pensiones no contributivas son pensiones de la Seguridad Social pagadas con Presupuestos Generales del Estado, aunque las gestionen las comunidades autónomas.

Ahora, unamos fuerzas para poner fin a estos graves abusos. Pero también hagámoslo para conseguir un nuevo modelo de rentas mínimas más justo y suficiente.

Propuestas RMI Tu Derecho (completo): http://invisiblesdetetuan.org/propuestasjunio2018.pdf

Para que los derechos humanos no sean papel mojado

Con estas palabras presentamos el concierto de gospel del pasado 20 de abril. Una palabras para animar y apoyar la lucha por los derechos humanos sin exclusiones.

Hola a todos y todas, gracias por venir.

Quiero comenzar hoy esta presentación del acto con unas palabras de Martine Le Corre, que es Delegada General de ATD Cuarto Mundo y que vienen muy a propósito de lo que presentamos hoy aquí. Son palabras publicadas este mismo mes:

Podemos decir que se requiere mucho tiempo para permitir a alguien,…personas maltrechas por la vida, …para permitir expresarse, para entender de donde viene y todo eso…Es cierto. Pero también requiere mucho tiempo para que cambien las prácticas profesionales, las prácticas políticas, y nunca se habla de esta lentitud sino sólo de las personas en situación de más grave pobreza.”

En su discurso ella interpelaba: “debemos dejar de encontrar justificaciones para echar la culpa a los demás. A partir del momento que dejas de descargar tu responsabilidad en otra persona o en una jerarquía, o yo que sé en qué…ya estás dando pasos, porque quiere decir que tu misma te vas a compromerter y que vas a encontrar pistas de compromiso en función de dónde estás y a quien te tienes que dirigir”. Y finalmente hablaba del VALOR PARA HACERLO.

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Esto es lo que hoy vengo a presentar. Asistimos y somos testigos de la lentitud de los cambios, y más allá de ello, de un momento de involución de los derechos humanos. En un mapa en el que lo básico no está conseguido para la mayor parte de la humanidad, continuamos en el esfuerzo de preguntarnos cómo lograr avanzar en los derechos humanos con las personas que viven las situaciones mas difíciles y que nos dicen que no podemos ser tan pacientes ante lo que no avanza, como decía Martine.

Participamos el pasado mes de marzo en la Marcha Básica, que quería reivindicar cinco puntos clave ante el Parlamento: renta básica y cumplimiento de la Carta Social sobre suficiencia, vivienda digna, educación y sanidad públicas para todas, así como pensiones y trabajo que permita a todo el mundo sentirse útil a través de su aportación a la sociedad.

Hace un año, en diálogo con el Ayuntamiento de Madrid, contribuímos a la Jornada de Rentas Dignas, y en el marco de la Comisión Europea, con la propuesta de “Nuestras Voces”, reflexionábamos sobre el trabajo para los mas pobres con los parlamentarios e instituciones europeas y compañeros y compañeras de Irlanda y Polonia.

También en el Eje de Vivienda Digna de nuestra programación hemos compartido espacio con representantes de la Administración de la Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid, donde a veces nos hemos visto obligados a defender que nuestras vidas son reales.

No vamos a dejar de intentar que los políticos nos tomen en cuenta como iguales y buscar vías de diálogo. Una persona a la que han suspendido la Renta Mínima nos hacía llegar esta reflexión esta semana, de la que os traslado parte: “Opino que este gobierno nos está exterminando, bien por hambre, por frio o calor debido a la intemperie, bien por enfermedad por la ausencia de salud social (…)

¡Ministros, Senadores, Diputados… etc! ¿Tan preocupados estáis por vosotros mismos que habéis olvidado vuestras promesas? ¿tanto miedo tenéis para que ninguna voz se alce en el parlamento y denuncie que el pueblo se muere? ¿qué dirían vuestros antepasados, que al igual que los nuestros lucharon por una sociedad mas justa? Por una sociedad para todos, por unos derechos que nos estais arrebatando. ¡Digan! ¿qúe dirían?

Nos matáis de necesidad y ahora ni siquiera nos podemos expresar porque os ofendéis, nos silenciais, nos condenáis… y como que existe un Dios, somos inocentes, somos vuestras víctimas.”

Es una de las 3000 familias que han desaparecido misteriosamente de la nómina de Renta Mínima de enero a marzo. Según la plataforma, en la que participamos también, RMI Tu Derecho, hay 6400 prestaciones menos que en este mismo periodo en 2017, y sólo una de cada cuatro nuevas solicitudes de prestación ha sido resuelta de manera positiva, mientras en 2017 era una de cada tres, y en 2016 una de cada dos.

El Congreso debate sobre otra renta, sobre si será o no compatible con las de las comunidades autónomas, sin debatir ninguno de ellos sobre el incumplimiento del Estado de la Carta Social Euroepa en este asunto, denunciado por el Comité Europeo de Derechos Sociales otra vez en este mes de enero.

Mientras esto pasa nos hemos puesto manos a la obra, por ejemplo sumándonos a la pregunta de RMI Tu Derecho a Cifuentes sobre si odia a los pobres. Pero también, en paralelo, hemos decidido no seguir responsabilizando a otros y buscar amigos dispuestos a echarle valor y usar las leyes que otros consiguieron, para que no queden en papel mojado. Defender los derechos. Vamos a dar trabajo a jueces, abogados, defensor del pueblo… hemos encontrado a personas dispuestas a comprometerse para que la pobreza acabe y nos estamos reuniendo los lunes primeros de cada mes: abogados, profesores de universidad expertos en derecho, colectivos que conocen de la vulneración de derechos y que no quieren mantenerse al margen, y estamos viendo vías jurídicas para defender lo que ya existe y no se cumple: YA.

Hoy agracecemos especialmente a la Universidad Pontificia de Comillas que siempre nos acoge, y al grupo Spirir to All que han querido sumar su contribución para hacer posible el acto para presentar la Oficina Jurídica de Derechos Sociales. Os animamos a que os unáis con lo que cada cual piense que puede aportar, y hoy en especial, como esto no va a resultar gratis, necesitamos también un empujón económico.

Y ahora ya un gran aplauso a este gran grupo de expceción que como en otras ocasiones ha puesto su música que es lo que ellos mejor hacen para apoyarnos.

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Recomendaciones e Insistencias de la ONU sobre Derechos Sociales, Económicos y Culturales en España

El Comité de derechos económicos, sociales y culturales de Naciones Unidas (Comité DESC) ha emitido ya su informe de observaciones finales tras la evaluación realizada el 21 y 22 de marzo sobre el cumplimiento de estos derechos en España. En él recoge muchas de las cuestiones señaladas desde la Plataforma DESC, de la que formamos parte, que ha emitido el comunicado “Naciones Unidas vuelve a suspender a España en derechos humanos“, señalando las claves fundamentales del informe y recomendaciones del Comité de Naciones Unidas al gobierno español.

Entre las observaciones recogidas en el informe del Comité DESC hay algunas que nos parecen especialmente significativas en nuestro combate por un mundo sin miseria.

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RECOMENDACIONES

Justiciabilidad de los derechos económicos, sociales y culturales: una dimensión esencial de la lucha contra la pobreza es que es un combate por el reconocimiento efectivo de TODOS los derechos, y por eso es importante señalar la recomendación al gobierno para que:

  • Tome las medidas legislativas pertinentes para garantizar que los derechos económicos, sociales y culturales cuenten con un nivel de protección análogo al que se brinda a los derechos civiles y políticos, asi como para promover la aplicabilidad de todos los derechos consagrados en el Pacto en todos los niveles del sistema judicial.
  • Realice capacitaciones, especialmente entre jueces, abogados, agentes del orden, miembros del Congreso de los Diputados y otros actores encargados de la aplicación del Pacto, sobre el contenido de los derechos del Pacto, incluidas las observaciones generales del Comité, y sobre la posibilidad de invocarlos ante los tribunales; y que lleve a cabo campañas de sensibilización entre los titulares de los derechos sobre la justiciabilidad de los derechos económicos, sociales y culturales.

Medidas de austeridad: Porque las políticas de austeridad y los recortes han perjudicado especialmente a quiénes vivían con mayor precariedad, hay que empujar al gobierno a que se atreva a seguir la recomendación de realizar una evaluación exhaustiva de los efectos de tales medidas en el disfrute de los derechos económicos, sociales y culturales, en particular de las personas y grupos desfavorecidos y marginados, y que con la participación de las poblaciones afectadas evalúe la posibilidad de dar por concluidas esas medidas.

Discriminación: la pobreza no es sólo cuestión económica, sino que implica también el sufrir la violencia de la exclusión y el rechazo por parte de otras personas, colectivos e instituciones. Por ello el gobierno debe escuchar la recomendación del Comité DESC para redoblar sus esfuerzos para prevenir y combatir la persistente discriminación, en particular contra gitanos y romaníes, las personas con discapacidad, los migrantes, refugiados y solicitantes de asilo, incluso llevando a cabo campañas de sensibilización, a fin de garantizarles el pleno ejercicio de los derechos reconocidos por el Pacto.

Pobreza: el Comité recomienda agilizar la elaboración y adopción de la estrategia nacional de prevención y lucha contra la pobreza y la exclusión social 2018-2020, asegurando que esté enfocada en las personas y grupos más afectados, y que se asignen los recursos suficientes para su aplicación.

Vivienda: Hablando de derechos, uno especialmente vulnerado en nuestro país es el derecho a la vivienda. En este aspecto el Comité DESC recomienda adoptar todas las medidas necesarias y la asignación de recursos suficientes para hacer frente al déficit de vivienda social, especialmente para las personas y grupos más desfavorecidos y marginados, así como adoptar las medidas necesarias para reglamentar el mercado privado de la vivienda para facilitar la accesibilidad, disponibilidad y asequibilidad de una vivienda adecuada para las personas de bajos ingresos.

 

INSTANCIAS

Pero el Comité DESC no se queda en dar recomendaciones. Sobre algunos aspectos no “recomienda”, sino que “insta” al estado español a realizar determinadas mejoras. Instar, según la RAE, es “Repetir la petición , insistir en ella con ahínco”, o también “Apretar o urgir la pronta ejecución de algo”. Es decir, que hay determinadas vulneraciones de estos derechos que vienen de largo, que ya se han señalado a España hace tiempo y que no se han tomado en cuenta, o bien que deben resolverse con urgencia por la importancia que tienen.

Desahucios: El Comité reitera su anterior recomendación e insta a España a que adopte un marco legislativo que incorpore los principios de razonabilidad y proporcionalidad en los desahucios, así como las debidas garantías legales y procesales para las personas afectadas; asegurando que las personas afectadas tengan acceso a una compensación o la opción de una vivienda alternativa adecuada; sean informadas con un plazo suficiente y razonable de notificación sobre las decisiones que ordenen los desahucios y tengan acceso a un recurso judicial efectivo. El Comité recomienda también que se adopte un protocolo de actuación en casos de desahucios que asegure una coordinación adecuada entre los tribunales y los servicios sociales locales, así como entre los servicios sociales mismos, a fin de brindar una protección adecuada a las personas que puedan quedarse sin hogar como resultado del desahucio.

Salud: se insta a hacer una evaluación exhaustiva sobre el impacto que ha tenido la aplicación del Real Decreto-ley 16/2012 en el disfrute del derecho del más alto nivel posible de salud para realizar los reajustes necesarios para garantizar la disponibilidad, accesibilidad, asequibilidad, aceptabilidad y calidad de los servicios y atención de salud, incluyendo la derogación de las disposiciones que implicaron retrocesos en la protección del derecho a la salud. Además, le insta a que tome las medidas necesarias para que los migrantes en situación irregular tengan acceso a todos los servicios de salud necesarios, sin discriminación alguna.

 

Estas son las tareas que tenemos por delante. Es hora de ponernos a hacer los deberes y de establecer los mecanismos que obliguen a las diferentes instituciones a cumplir con ellos.

Por una sociedad que respete y garantice los todos los derechos de todas las personas. Por una sociedad sin pobreza ni exclusión.