Los colectivos impulsores de la reclamación colectiva ante Europa expresamos nuestra profunda decepción por la respuesta del Gobierno sobre el Ingreso Mínimo Vital y las rentas mínimas autonómicas

Los colectivos que nos reunimos en el marco de la Oficina Jurídica de Derechos Sociales hemos recibido con gran preocupación la respuesta del Gobierno en el procedimiento de diálogo abierto en el marco de la Reclamación Colectiva n.º 241/2024 ante el Comité Europeo de Derechos Sociales (CEDS), relativa al Ingreso Mínimo Vital y a las rentas mínimas autonómicas. La documentación del caso figura en el portal del Consejo de Europa, y los anexos complementarios han sido publicados en la Caja de Herramientas de la Oficina Jurídica.

El CEDS, órgano del Consejo de Europa encargado de supervisar el cumplimiento de la Carta Social Europea, examina las alegaciones de las partes y emite decisiones sobre la adecuación de las prestaciones y políticas públicas a los compromisos internacionales asumidos por los Estados signatarios. En este procedimiento, las entidades reclamantes confíamos en que el Comité adopte una decisión de fondo que permita corregir los incumplimientos denunciados y, en su caso, sirva de base para exigir su aplicación efectiva.

Denunciamos, en particular, la gravedad de la exigencia de devolución de cobros indebidos a personas y familias en situación de vulnerabilidad, con riesgo incluso de embargo de sus viviendas. También advertimos de que el diseño actual del sistema permite reclamar esas cantidades hasta cuatro años después, lo que agrava la inseguridad jurídica y el impacto social sobre hogares ya castigados por la precariedad.

Asimismo, subrayamos que la coexistencia y falta de coordinación entre el Ingreso Mínimo Vital y las rentas mínimas autonómicas ha generado duplicidades, retroactividad de reclamaciones y situaciones de deuda que no son atribuibles a las personas afectadas, sino a la propia configuración y gestión administrativa del sistema. En este sentido, recordamos que Asturias ha abierto la vía para condonar o exonerar deudas en determinados supuestos, reconociendo que el problema responde a causas imputables a la Administración.

Los colectivos firmantes rechazamos que el Gobierno afirme no haber sido interpelado sobre esta cuestión, cuando precisamente el procedimiento de reclamación colectiva existe para que los Estados respondan a las denuncias formuladas por la sociedad civil. También sostenemos que la información aportada posteriormente en relación con los cobros indebidos, en respuesta a la demanda del Comité, que contiene los datos facilitados por la AIReF, el Tribunal de Cuentas y el Defensor del Pueblo refuerza la necesidad de adoptar medidas urgentes para paralizar los cobros y revisar el sistema.

Las organizaciones lamentamos, además, que mientras distintos socios del Gobierno han reconocido públicamente la gravedad de la situación e incluso han planteado cambios legales, el Ejecutivo mantenga una posición que consideran insuficiente y alejada del sufrimiento de miles de familias. A nuestro juicio esta respuesta no aborda el problema de fondo ni ofrece soluciones inmediatas para quienes ya afrontan reclamaciones económicas de gran impacto social.

Más allá de esta controversia concreta, la reclamación colectiva pone en cuestión el modelo actual de rentas mínimas y exige una revisión profunda de la política de ingresos garantizados para asegurar condiciones de vida dignas, sin exclusiones ni penalizaciones injustas. Los colectivos reclamantes consideramos que la respuesta del Gobierno deja sin resolver una situación que afecta a una parte muy significativa de la población en pobreza o exclusión social.