En el mes de noviembre empezamos a prepararnos para participar en la Universidad Popular Europea que tendrá lugar en Bruselas en el mes de marzo. En este proceso, y como aportación a partir de la realidad española, un grupo de 20 personas , varias de ellas en situación muy difícil, han estado reflexionando sobre cómo la situación actual del acceso a la vivienda en nuestro país es una de las claves fundamentales en los procesos de exclusión. Este el texto fruto de este trabajo, aún abierto a ser dialogado y contrastado con otras personas:

Tanto en España como en otros países de la Unión Europea, hay una  inseguridad e inestabilidad global, generada por políticas y reformas laborales que han fomentado la falta de trabajo y la desigualdad social. Este empobrecimiento masivo, junto con políticas llevadas a cabo en materia de  vivienda, ha provocado la expulsión de mucha gente de sus hogares, lo que es un factor fundamental de exclusión social. Esto se une al hecho de que en España no ha habido una política de vivienda que beneficie realmente a quienes están en situación de mayor pobreza.

Consideramos que el alojamiento es una garantía mínima que permite incluirnos en la sociedad. Sin embargo en España la vivienda ha sido y es fuente de negocio[1], malinterpretando el artículo 47 de la Constitución Española[2]. A esto se unen proyectos de ley y normativas que, no sólo criminalizan las alternativas habitacionales que se busca quien no tiene otra opción, sino que además se le penaliza con multas por dormir en la calle.

Tomando en cuenta que en el artículo 3 del Tratado de la Unión Europea (UE) se plantea que se combatirán la exclusión social y las discriminaciones, promoviendo la protección social, pedimos:

  • Que se garantice el derecho a techo: que todos podamos acceder a una vivienda digna y mantenerla. Entendemos por vivienda digna un lugar que reúna las condiciones básicas para vivir: estar, dormir, un lugar para cada uno y para la familia (si se tiene). Un lugar en el que poder relacionarse, acoger; un lugar en el que poder tener autonomía y no estar sometido a otros.

Nos parece fundamental que la UE dé un marco de referencia que asegure y priorice el bienestar social y económico de la población, así como existe uno de convergencia económica. En este sentido proponemos que la UE desarrolle un marco legislativo y normativo que:

  • Favorezca Políticas de acción que fomenten una igualdad social de base, promoviendo una Renta Básica Universal que incluya en su cálculo el gasto medio de vivienda y que sea ágil en la tramitación.
  • Ponga límites a los abusos en los alquileres, promoviendo alquileres que se calculen en relación porcentual a los ingresos que reciba la persona o la familia.
  • Derogue leyes y normativas que permiten desalojos y desahucios que dejan a familias en la calle, ya que significa condenarlas a la exclusión social y la pobreza.
  •  Controle que la vivienda social en los Estados miembros sea de utilidad pública, impidiendo su venta a especuladores o que se queden vacías o inutilizadas.

En España, los bancos y las Empresas oficiales de la vivienda (Comunitarias y/o Municipales) han engañado a la gente lucrándose de su necesidad, violando los Derechos Humanos.[3] Los procesos de adjudicación de las viviendas públicas, hoy en día son en sí mismos excluyentes. Cuando parece que ya está todo, siempre se pide más documentación, lo que hace muy difícil completar la solicitud, especialmente a las personas que más necesitan la vivienda. De este modo, estas empresas no asumen su responsabilidad, evitan solucionar problemas de convivencia o enfrentarse a movilizaciones sociales ante desahucios. Todo esto favorece que se haga negocio con las viviendas vacías.

Por último, no queremos olvidar que hoy en día los albergues se utilizan para “resolver”, de manera transitoria, un problema de vivienda que es para toda la vida. Si las medidas anteriormente propuestas se llevaran a cabo, proponemos que los albergues (reuniendo unas condiciones de vida digna) sean únicamente para situaciones sociales transitorias o de urgencia, para personas que no puedan sostenerse solas.

La UE debe buscar el beneficio de todos, priorizando las situaciones de mayor necesidad, para que así sea realmente un organismo que facilite el desarrollo y cumplimiento de los derechos fundamentales que hacen iguales a todos los ciudadanos.

[2]              “Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación. La comunidad participará en las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos”.

[3]                A modo de ejemplo, el Instituto de la Vivienda en Madrid (IVIMA), ha vendido cerca un cuarto del total de su parque de vivienda pública, a Fondos de inversión, entre otros al binomio Goldman Sachs-Azora.