Los colectivos sociales que formamos parte de la Campaña RMI Tu Derecho, hemos emitido hoy un comunicado en el que respondemos a los comentarios realizados por el vicepresidente de la Comunidad de Madrid Pedro Rollán, y su consejera de Políticas Sociales, María Dolores Moreno, que sostienen que el descenso de las concesiones de RMI se debe a la disminución de solicitantes. Sus declaraciones se produjeron después de que decenas de personas afectadas por el recorte en la RMI, siguiendo el llamamiento de la plataforma, se concentrasen en la Puerta del Sol de Madrid.
Sobre concesiones (o no) de la RMI
Pedro Rollán dice que: “en ningún caso por parte del Gobierno de la Comunidad de Madrid se han endurecido las condiciones para que las personas solicitantes puedan ser beneficiarios de la Renta Mínima de Inserción”
Pero es que desde Plataforma RMI no hemos dicho que se haya cambiado la normativa de concesión de rentas mínimas, sino que desde inicios de 2017 se utilizan criterios de gestión arbitrariamente restrictivos. En el 2016 se concedieron una de cada dos resoluciones iniciales, en el 2017 lo fueron una de cada tres y en el primer semestre de 2018 sólo han sido de concesión una de cada cuatro. Es evidente que han endurecido las decisiones que toman. ¿Porqué? Eso es lo que tienen que explicar el vicepresidente y la Consejera de Políticas sociales y no lo han hecho. Si se hubiese mantenido la tasa de concesión de 2016, desde enero de 2017 se habrían concedido unas 3700 rentas mínimas MÁS que las que se han concedido.
Mª Dolores Moreno celebra que ha habido menos solicitudes de Renta Mínima en estos últimos años. Desde la Plataforma RMI Tu Derecho lo celebraríamos también si no fuera porque esta prestación nunca ha cubierto a todas las personas y familias en pobreza severa de la Comunidad de Madrid. En abril de 2018 el número de personas beneficiarias de RMI ronda las 92 mil personas, frente a las 300.000 personas que se calcula que viven cada día en situación de pobreza severa.
Desde nuestra experiencia al lado de personas y familias empobrecidas, constatamos que en el descenso de estas solicitudes juega un papel importante el agotamiento y la frustración que provoca la gestión actual de la Renta Mínima. Es llamativo que aunque haya habido menos solicitudes, las denegaciones hayan aumentado de 3.410 en 2016 a 4.452 en 2017. ¿Será por que hay más empleo, como insisten desde la Consejería de Políticas Sociales? Nos dirán que, las denegaciones por causas económicas han aumentado un 15%. Pero han aumentado mucho más otras causas más relacionadas con la gestión más restrictiva que se está haciendo de la prestación, como las relacionadas con acreditación de residencia en Madrid, que han aumentado un 36%, y especialmente las del no reconocimiento de la familia como unidad de convivencia independiente o por no llevar está seis meses constituida, que han aumentado un 138%. En este contexto nos encontramos con situaciones tan injustas como denegar la RMI a madres solteras cuyo bebe no tiene más de seis meses, argumentando que la unidad de convivencia madre e hijo recién nacido no tienen seis meses de convivencia efectiva.
Mientras que en 2016 la razón de tener ingresos suficientes suponía el 70% del total de las denegaciones de solicitud baja hasta el 62% en 2017.
Sobre suspensiones y extinciones de la RMI
El vicepresidente comenta también que: “afortunadamente hoy hay un número de beneficiarios ligeramente inferior porque estos han tenido la oportunidad de incorporarse al mundo laboral”
La Plataforma RMITuDerecho, junto a las familias empobrecidas perceptoras del RMI, nos alegramos por aquellas personas que han logrado incorporarse al mundo laboral. Conseguir un trabajo digno y que permita salir adelante a las familias en la actual situación de precariedad laboral que vivimos en Madrid es un gran logro, que no es posible sin el esfuerzo de estas personas por encontrar vías de acceso a unas condiciones de vida dignas. Ojalá que la reducción del número de beneficiarios de RMI se relacionara exclusivamente con este hecho. Pero no es así.
En lo que se refiere a las suspensiones, casi la mitad de ellas son suspensiones cautelares, unas 3500 en 2017 frente a las 2400 de 2016. Estas suspensiones cautelares, por «indicios» (es decir, que no hay constatación firme del hecho, sino sospecha) y sin realizar audiencia previa con la persona afectada. De esta manera se genera una situación de “presunción de culpabilidad” que conduce a la pérdida de esta ayuda para la supervivencia durante varios meses, en los que al estrés propio de tener que ajustarse a esta nueva situación sin ingresos se suma el tener que demostrar responder a los requerimientos de la Comunidad de Madrid. Esto se agrava, tal y como hemos denunciado ante el Defensor del Pueblo, por el hecho de que las notificaciones de estas suspensiones no se ajustan a derecho, debido a la falta de información adecuada y en tiempo sobre las causas de la suspensión y los requerimientos para revertirla. Una barrera más que impide a las familias afectadas defender su derecho a la prestación, lo que provoca que un gran número de ellas (un 40% de los casos) terminen en una extinción del derecho a los tres meses, no por demostración de la falta, sino por falta de información, tiempo y fuerzas para demostrar su “inocencia”.
De hecho, estas suspensiones cautelares, y no el acreditar haber encontrado un trabajo, como dice la Consejería de Políticas Sociales, es la principal causa de extinción de la RMI. 1 de cada 3 extinciones se deben a suspensiones cautelares que no se revierten al cabo de 3 meses. En 2016 eran 1 de cada 4. Una nueva muestra de cómo la gestión del equipo actual está atacando el derecho a la Renta Mínima.
Termina diciendo Pedro Rollán_ “Ojala el día de mañana, un día determinado, aunque pudiera parecer una utopía, pudiésemos hablar de la Renta Mínima de Inserción como algo del pasado.”
Todas deseamos ese futuro utópico sin RMI, pero a él no llegaremos disfrazando los datos, ni recortando el personal que atiende en los servicios sociales y que deben acompañar los itinerarios de promoción social, inexistentes o ineficaces en la mayoría de los casos.
Por ello, instamos al vicepresidente de la Comunidad de Madrid y a la Consejera de Políticas Sociales y Familia a que el tiempo que utilizan en falsear los datos de protección a las personas más pobres de nuestra comunidad lo inviertan en crear políticas activas para llegar a la gran bolsa de personas empobrecidas que no llegan a solicitar la RMI, a facilitar el acceso a este derecho a toda vecina y vecino de la Comunidad de Madrid que lo necesite y revisar los mecanismos de supervisión para que no generen indefensión ni mayor precariedad a personas y familias que la reciben por encontrarse en situación de pobreza severa.
ATD Cuarto Mundo España 