Los miembros de ATD Cuarto Mundo hacemos un llamamiento para que esta alarma sanitaria por el coronavirus sirva para pasar a un estado de solidaridad en el que cada persona y colectivo preste toda la atención posible a quienes viven la exclusión.

En su informe de hace pocas semanas, el Relator Especial de pobreza y derechos humanos de Naciones Unidas decía tras su visita a España: “la palabra que he escuchado con más frecuencia (…) es ‘abandonados’”.

¿Qué pasa con las personas y colectivos que no tienen normalmente acceso a la atención sanitaria, a un ingreso básico, a un trabajo remunerado dignamente? ¿Cuáles son las alternativas para las personas que no cuentan con ingresos suficientes o posibilidad para “¡permanecer en casa!” con las condiciones alimenticias y de higiene adecuadas?, ¿Y para las personas que regularmente acuden a bancos de alimentos o a comedores sociales? Y un tema que nos preocupa especialmente: ¿qué se va hacer con las y los menores que ya tienen dificultades en la escuela presencial para garantizar que no aumenta la brecha educativa? ¿O se va a seguir culpando a su medio social del fracaso existente?

Para los miembros de ATD Cuarto Mundo un estado de solidaridad debería incluir, al menos, estos tres principios: presencia directa y apoyo mutuo; información veraz y sencilla de acceso a derechos básicos; y construcción de políticas que permitan la vida elaboradas junto con las familias y colectivos afectados.

  • Movilizar todas las fuerzas posibles para mantener comunicación, presencia y atención a quienes normalmente viven en situación de “abandono” por parte de la sociedad, especialmente en materia de participación y libertades y derechos fundamentales. La participación de las personas en situación de pobreza es esencial, pues tienen un conocimiento y experiencia propios de resistencia. (¿Qué situaciones hay que prever o anticipar?)
  • Hacer un esfuerzo por informar de manera clara sobre las ayudas o iniciativas previstas en “atención social de urgencia” para personas y colectivos vulnerables. Desde iniciativas para trabajadoras pobres en caso de despido, trámites de becas existentes o de emergencia social. Estas iniciativas requieren la colaboración de profesionales sociales y de la administración, sindicatos, colectivos de defensa de derechos, asociaciones.
  • Presionar y denunciar,en caso de no cumplirse, para que se tomen desde ahora mismo medidas y políticas a medio o largo plazo que tengan en cuenta el impacto del estado de alerta en personas en situación de pobreza y exclusión social. Se debe garantizar que estas iniciativas se piensan con estos colectivos y personas, para que respeten la dignidad de todas las personas, sean emancipadoras y se apoyen en las iniciativas de las personas afectadas.

El estado de solidaridad no debe hacerse de manera inocente o improvisada sino que debe tomar como base las reflexiones y análisis más recientes de la situación de pobreza existente en España, en especial el informe sobre la situación en España, que realizó hace varias semanas, Philip Alston, Relator Especial sobre extrema pobreza y derechos humanos y que presenta un panorama muy realista.

El Relator comentaba que “España les está fallando por completo a las personas que viven en la pobreza (…), a pesar de que está prosperando económicamente, demasiadas personas siguen pasando apuros”. “La recesión ha dejado a muchas personas atrás con políticas económicas que benefician a las empresas y a los ricos mientras que los grupos menos privilegiados han de lidiar con servicios públicos fragmentados”.

Sigue diciendo que casi una de cada tres personas (y menores) en nuestro país están en riesgo de pobreza o exclusión social, más de la mitad tienen dificultades para llegar a final de mes y casi una persona de cada veinte ha sufrido privación material severa, además de las altas tasas de desempleo.

“He visitado lugares que sospecho que muchos españoles no reconocerían como parte de su país“, dijo Alston. “Un barrio pobre con condiciones mucho peores que un campamento de refugiados, sin agua corriente, electricidad ni saneamiento, donde los trabajadores inmigrantes llevan años viviendo sin ninguna mejora en su situación. Vecindarios de pobreza concentrada donde las familias crían niños con una grave escasez de servicios estatales, clínicas de salud, centros de empleo, seguridad, carreteras asfaltadas o incluso suministro eléctrico legal”.

Además, señaló que hay “ciertos grupos particularmente olvidados por las políticas y que sufren el impacto de la discriminación estructural y experimentan altas tasas de pobreza (…): mujeres, personas migrantes, habitantes en zonas rurales, la mitad de las personas de la comunidad gitana que vive en situación de pobreza, trabajadoras domésticas”.

La pobreza es en última instancia una decisión política, y los Gobiernos pueden, si lo desean, optar por superarla”.

Por todo ello os invitamos a sumaros a este estado de solidaridad que garantizará, a largo plazo, una sociedad más democrática y libre de extrema pobreza.

Comunicado “Estado de Solidaridad” en pdf