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Lo que siempre quisiste saber sobre la Renta Mínima de Inserción

La iniciativa social RMI TU DERECHO ha tratado de recoger en 53 fichas, pero sin jerga administrativa, experiencias colectivas respecto a la normativa que regula la Renta Mínima de Inserción en la Comunidad de Madrid. A este documento han contribuido personas afectadas por la RMI, colectivos sociales, trabajadoras sociales comprometidas en su tarea pese a la carencia de recursos materiales y humanos…

Puede ser especialmente útil a los colectivos sociales de apoyo mutuo que tienen que afrontar día a día problemas relacionados con la RMI, así como a cada familia que necesita obtener o defender la renta mínima de inserción, prestación con muchos defectos y limitaciones pero que hoy por hoy es o sería para muchas familias el último recurso para conseguir algunos ingresos en ausencia de un empleo con un salario suficiente.

Denunciemos las suspensiones irregulares de Rentas Mínimas en Madrid

LA COMUNIDAD DE MADRID DENUNCIADA ANTE EL DEFENSOR DEL PUEBLO POR SUSPENSIONES IRREGULARES DE RENTAS MÍNIMAS DE INSERCIÓN

Diversas entidades de lucha contra la pobreza nos hemos visto obligadas a tomar la palabra y denunciar hoy, 17 de Mayo, ante el Defensor del Pueblo, el aumento exponencial de suspensiones de Rentas Mínimas percibidas por familias en situación de gran precariedad, así como que éste se ha producido sin respetar los procedimientos señalados en la propia normativa que regula esta prestación.

Según datos de la Plataforma RMI Tu Derecho estas suspensiones están provocando que:

– En abril 2018 se hayan pagado 3.000 RMI menos que en enero 2017.

– En abril 2018 se hayan pagado 2.000 RMI menos que en diciembre 2017.

– En abril 2018 se hayan pagado 1.100 rentas menos que en marzo 2018.

A nuestras entidades han llegado gran número de personas y familias perceptoras de RMI que han sufrido suspensiones cautelares y temporales ejecutadas de manera irregular, sin que se realizaran previamente las comprobaciones necesarias para aplicar una medida tan traumática en situaciones de extrema pobreza, y sin tampoco aportar una información adecuada que les permitiera resolver la causa por la que se justifica la suspensión.

Teniendo en cuenta que la Renta Mínima de Inserción es una prestación que se concede para garantizar la subsistencia a quienes no tienen ninguna otra fuente de ingresos que lo permita, suspenderla, aunque sea de manera temporal, agudiza su situación de precariedad y puede llegar a tener consecuencias irreversibles aunque luego se consiga llegar a restituir en algunos casos. Los meses en los que se acumulan deudas de distinto tipo pueden conducir a deterioros graves de salud por no poder pagar los medicamentos, cortes de suministros por impagos, desahucios… Más aún cuando ni siquiera en los casos en los que se demuestra que la suspensión ha sido por error administrativo se produce posteriormente una devolución de los meses en los que no se ha cobrado, por lo que aunque se consiga restituir la prestación no hay capacidad para hacer frente a las deudas acumuladas.

Esta política de suspensiones indiscriminadas e irregulares implica una vulneración flagrante del derecho a la renta mínima, no solo legalmente reconocida como derecho subjetivo sino también como derecho humano reconocido en los textos internacionales (por ejemplo el art. 13 de la Carta Social Europea). Desde hace años el Comité Europeo de Derechos Sociales del Consejo de Europa ha señalado la inadecuación del sistema de Rentas Mínimas en España, ya que éstas deben ser otorgadas mientras exista la situación de necesidad, incumplimiento que se ve agravado con los procedimientos que están siendo llevados a cabos por los servicios de gestión de la RMI en la Comunidad de Madrid, que parecen buscar la suspensión del mayor número de prestaciones sin atender a la situación de necesidad real que haya detrás de ellas.

Las entidades denunciantes señalamos que no se están cumpliendo las normativas que obligan a una audiencia previa en caso de sospecha de irregularidad en la prestación, aplicando directamente suspensiones ante meros indicios, sin permitir una explicación o defensa por parte de las personas perceptoras. En muchos de estos casos, además, se está responsabilizando a éstas de incumplimientos o fallos en la coordinación por parte de las propias administraciones. Además, no se realiza una comunicación adecuada de las resoluciones, ni de los mecanismos que pueden permitir revertirlas, promoviendo así no solo la precariedad sino la impotencia e indefensión de quienes se ven de repente sin sus únicos ingresos y sin saber si será posible recuperarlos (lo cual no es fácil, de hecho 2 de cada 5 suspensiones cautelares terminan en extinción de la RMI). Por último, señalamos también la necesidad de hacer públicos los documentos relativos a la gestión de los procedimientos de la Renta Mínima de Inserción, para evitar el oscurantismo que rodea actualmente las prácticas en este campo.

Texto completo de la denuncia.

Al mismo tiempo, los colectivos firmantes animamos a participar en las movilizaciones convocadas por la plataforma RMI Tu Derecho en torno a la campaña RMI: Derecho Robado, como la concentración que tendrá lugar en la Puerta del Sol el 12 de junio a las 11:30 h.

 

 

Entidades y Colectivos que apoyan la denuncia:

Movimiento ATD Cuarto Mundo España

Asociación Apoyo

Observatorio de la Exclusión Social y los Procesos de Inclusión en la Comunidad de Madrid

Coordinadora de Barrios

C.P. San Carlos Borromeo

Foro ServSocial Madrid

Invisibles de Tetuán

Red de Solidaridad Popular Latina Carabanchel

Asociación Karibu

Asociación Atiempo

Programa Regional de Apoyo a las Defensorías del Pueblo de Iberoamérica (Universidad de Alcalá)

La Merced Migraciones

Asociación Hortaleza Crew

Asamblea 15M Sierra Norte de Madrid

Para que los derechos humanos no sean papel mojado

Con estas palabras presentamos el concierto de gospel del pasado 20 de abril. Una palabras para animar y apoyar la lucha por los derechos humanos sin exclusiones.

Hola a todos y todas, gracias por venir.

Quiero comenzar hoy esta presentación del acto con unas palabras de Martine Le Corre, que es Delegada General de ATD Cuarto Mundo y que vienen muy a propósito de lo que presentamos hoy aquí. Son palabras publicadas este mismo mes:

Podemos decir que se requiere mucho tiempo para permitir a alguien,…personas maltrechas por la vida, …para permitir expresarse, para entender de donde viene y todo eso…Es cierto. Pero también requiere mucho tiempo para que cambien las prácticas profesionales, las prácticas políticas, y nunca se habla de esta lentitud sino sólo de las personas en situación de más grave pobreza.”

En su discurso ella interpelaba: “debemos dejar de encontrar justificaciones para echar la culpa a los demás. A partir del momento que dejas de descargar tu responsabilidad en otra persona o en una jerarquía, o yo que sé en qué…ya estás dando pasos, porque quiere decir que tu misma te vas a compromerter y que vas a encontrar pistas de compromiso en función de dónde estás y a quien te tienes que dirigir”. Y finalmente hablaba del VALOR PARA HACERLO.

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Esto es lo que hoy vengo a presentar. Asistimos y somos testigos de la lentitud de los cambios, y más allá de ello, de un momento de involución de los derechos humanos. En un mapa en el que lo básico no está conseguido para la mayor parte de la humanidad, continuamos en el esfuerzo de preguntarnos cómo lograr avanzar en los derechos humanos con las personas que viven las situaciones mas difíciles y que nos dicen que no podemos ser tan pacientes ante lo que no avanza, como decía Martine.

Participamos el pasado mes de marzo en la Marcha Básica, que quería reivindicar cinco puntos clave ante el Parlamento: renta básica y cumplimiento de la Carta Social sobre suficiencia, vivienda digna, educación y sanidad públicas para todas, así como pensiones y trabajo que permita a todo el mundo sentirse útil a través de su aportación a la sociedad.

Hace un año, en diálogo con el Ayuntamiento de Madrid, contribuímos a la Jornada de Rentas Dignas, y en el marco de la Comisión Europea, con la propuesta de “Nuestras Voces”, reflexionábamos sobre el trabajo para los mas pobres con los parlamentarios e instituciones europeas y compañeros y compañeras de Irlanda y Polonia.

También en el Eje de Vivienda Digna de nuestra programación hemos compartido espacio con representantes de la Administración de la Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid, donde a veces nos hemos visto obligados a defender que nuestras vidas son reales.

No vamos a dejar de intentar que los políticos nos tomen en cuenta como iguales y buscar vías de diálogo. Una persona a la que han suspendido la Renta Mínima nos hacía llegar esta reflexión esta semana, de la que os traslado parte: “Opino que este gobierno nos está exterminando, bien por hambre, por frio o calor debido a la intemperie, bien por enfermedad por la ausencia de salud social (…)

¡Ministros, Senadores, Diputados… etc! ¿Tan preocupados estáis por vosotros mismos que habéis olvidado vuestras promesas? ¿tanto miedo tenéis para que ninguna voz se alce en el parlamento y denuncie que el pueblo se muere? ¿qué dirían vuestros antepasados, que al igual que los nuestros lucharon por una sociedad mas justa? Por una sociedad para todos, por unos derechos que nos estais arrebatando. ¡Digan! ¿qúe dirían?

Nos matáis de necesidad y ahora ni siquiera nos podemos expresar porque os ofendéis, nos silenciais, nos condenáis… y como que existe un Dios, somos inocentes, somos vuestras víctimas.”

Es una de las 3000 familias que han desaparecido misteriosamente de la nómina de Renta Mínima de enero a marzo. Según la plataforma, en la que participamos también, RMI Tu Derecho, hay 6400 prestaciones menos que en este mismo periodo en 2017, y sólo una de cada cuatro nuevas solicitudes de prestación ha sido resuelta de manera positiva, mientras en 2017 era una de cada tres, y en 2016 una de cada dos.

El Congreso debate sobre otra renta, sobre si será o no compatible con las de las comunidades autónomas, sin debatir ninguno de ellos sobre el incumplimiento del Estado de la Carta Social Euroepa en este asunto, denunciado por el Comité Europeo de Derechos Sociales otra vez en este mes de enero.

Mientras esto pasa nos hemos puesto manos a la obra, por ejemplo sumándonos a la pregunta de RMI Tu Derecho a Cifuentes sobre si odia a los pobres. Pero también, en paralelo, hemos decidido no seguir responsabilizando a otros y buscar amigos dispuestos a echarle valor y usar las leyes que otros consiguieron, para que no queden en papel mojado. Defender los derechos. Vamos a dar trabajo a jueces, abogados, defensor del pueblo… hemos encontrado a personas dispuestas a comprometerse para que la pobreza acabe y nos estamos reuniendo los lunes primeros de cada mes: abogados, profesores de universidad expertos en derecho, colectivos que conocen de la vulneración de derechos y que no quieren mantenerse al margen, y estamos viendo vías jurídicas para defender lo que ya existe y no se cumple: YA.

Hoy agracecemos especialmente a la Universidad Pontificia de Comillas que siempre nos acoge, y al grupo Spirir to All que han querido sumar su contribución para hacer posible el acto para presentar la Oficina Jurídica de Derechos Sociales. Os animamos a que os unáis con lo que cada cual piense que puede aportar, y hoy en especial, como esto no va a resultar gratis, necesitamos también un empujón económico.

Y ahora ya un gran aplauso a este gran grupo de expceción que como en otras ocasiones ha puesto su música que es lo que ellos mejor hacen para apoyarnos.

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Recomendaciones e Insistencias de la ONU sobre Derechos Sociales, Económicos y Culturales en España

El Comité de derechos económicos, sociales y culturales de Naciones Unidas (Comité DESC) ha emitido ya su informe de observaciones finales tras la evaluación realizada el 21 y 22 de marzo sobre el cumplimiento de estos derechos en España. En él recoge muchas de las cuestiones señaladas desde la Plataforma DESC, de la que formamos parte, que ha emitido el comunicado “Naciones Unidas vuelve a suspender a España en derechos humanos“, señalando las claves fundamentales del informe y recomendaciones del Comité de Naciones Unidas al gobierno español.

Entre las observaciones recogidas en el informe del Comité DESC hay algunas que nos parecen especialmente significativas en nuestro combate por un mundo sin miseria.

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RECOMENDACIONES

Justiciabilidad de los derechos económicos, sociales y culturales: una dimensión esencial de la lucha contra la pobreza es que es un combate por el reconocimiento efectivo de TODOS los derechos, y por eso es importante señalar la recomendación al gobierno para que:

  • Tome las medidas legislativas pertinentes para garantizar que los derechos económicos, sociales y culturales cuenten con un nivel de protección análogo al que se brinda a los derechos civiles y políticos, asi como para promover la aplicabilidad de todos los derechos consagrados en el Pacto en todos los niveles del sistema judicial.
  • Realice capacitaciones, especialmente entre jueces, abogados, agentes del orden, miembros del Congreso de los Diputados y otros actores encargados de la aplicación del Pacto, sobre el contenido de los derechos del Pacto, incluidas las observaciones generales del Comité, y sobre la posibilidad de invocarlos ante los tribunales; y que lleve a cabo campañas de sensibilización entre los titulares de los derechos sobre la justiciabilidad de los derechos económicos, sociales y culturales.

Medidas de austeridad: Porque las políticas de austeridad y los recortes han perjudicado especialmente a quiénes vivían con mayor precariedad, hay que empujar al gobierno a que se atreva a seguir la recomendación de realizar una evaluación exhaustiva de los efectos de tales medidas en el disfrute de los derechos económicos, sociales y culturales, en particular de las personas y grupos desfavorecidos y marginados, y que con la participación de las poblaciones afectadas evalúe la posibilidad de dar por concluidas esas medidas.

Discriminación: la pobreza no es sólo cuestión económica, sino que implica también el sufrir la violencia de la exclusión y el rechazo por parte de otras personas, colectivos e instituciones. Por ello el gobierno debe escuchar la recomendación del Comité DESC para redoblar sus esfuerzos para prevenir y combatir la persistente discriminación, en particular contra gitanos y romaníes, las personas con discapacidad, los migrantes, refugiados y solicitantes de asilo, incluso llevando a cabo campañas de sensibilización, a fin de garantizarles el pleno ejercicio de los derechos reconocidos por el Pacto.

Pobreza: el Comité recomienda agilizar la elaboración y adopción de la estrategia nacional de prevención y lucha contra la pobreza y la exclusión social 2018-2020, asegurando que esté enfocada en las personas y grupos más afectados, y que se asignen los recursos suficientes para su aplicación.

Vivienda: Hablando de derechos, uno especialmente vulnerado en nuestro país es el derecho a la vivienda. En este aspecto el Comité DESC recomienda adoptar todas las medidas necesarias y la asignación de recursos suficientes para hacer frente al déficit de vivienda social, especialmente para las personas y grupos más desfavorecidos y marginados, así como adoptar las medidas necesarias para reglamentar el mercado privado de la vivienda para facilitar la accesibilidad, disponibilidad y asequibilidad de una vivienda adecuada para las personas de bajos ingresos.

 

INSTANCIAS

Pero el Comité DESC no se queda en dar recomendaciones. Sobre algunos aspectos no “recomienda”, sino que “insta” al estado español a realizar determinadas mejoras. Instar, según la RAE, es “Repetir la petición , insistir en ella con ahínco”, o también “Apretar o urgir la pronta ejecución de algo”. Es decir, que hay determinadas vulneraciones de estos derechos que vienen de largo, que ya se han señalado a España hace tiempo y que no se han tomado en cuenta, o bien que deben resolverse con urgencia por la importancia que tienen.

Desahucios: El Comité reitera su anterior recomendación e insta a España a que adopte un marco legislativo que incorpore los principios de razonabilidad y proporcionalidad en los desahucios, así como las debidas garantías legales y procesales para las personas afectadas; asegurando que las personas afectadas tengan acceso a una compensación o la opción de una vivienda alternativa adecuada; sean informadas con un plazo suficiente y razonable de notificación sobre las decisiones que ordenen los desahucios y tengan acceso a un recurso judicial efectivo. El Comité recomienda también que se adopte un protocolo de actuación en casos de desahucios que asegure una coordinación adecuada entre los tribunales y los servicios sociales locales, así como entre los servicios sociales mismos, a fin de brindar una protección adecuada a las personas que puedan quedarse sin hogar como resultado del desahucio.

Salud: se insta a hacer una evaluación exhaustiva sobre el impacto que ha tenido la aplicación del Real Decreto-ley 16/2012 en el disfrute del derecho del más alto nivel posible de salud para realizar los reajustes necesarios para garantizar la disponibilidad, accesibilidad, asequibilidad, aceptabilidad y calidad de los servicios y atención de salud, incluyendo la derogación de las disposiciones que implicaron retrocesos en la protección del derecho a la salud. Además, le insta a que tome las medidas necesarias para que los migrantes en situación irregular tengan acceso a todos los servicios de salud necesarios, sin discriminación alguna.

 

Estas son las tareas que tenemos por delante. Es hora de ponernos a hacer los deberes y de establecer los mecanismos que obliguen a las diferentes instituciones a cumplir con ellos.

Por una sociedad que respete y garantice los todos los derechos de todas las personas. Por una sociedad sin pobreza ni exclusión.