El Comité de derechos económicos, sociales y culturales de Naciones Unidas (Comité DESC) ha emitido ya su informe de observaciones finales tras la evaluación realizada el 21 y 22 de marzo sobre el cumplimiento de estos derechos en España. En él recoge muchas de las cuestiones señaladas desde la Plataforma DESC, de la que formamos parte, que ha emitido el comunicado «Naciones Unidas vuelve a suspender a España en derechos humanos«, señalando las claves fundamentales del informe y recomendaciones del Comité de Naciones Unidas al gobierno español.
Entre las observaciones recogidas en el informe del Comité DESC hay algunas que nos parecen especialmente significativas en nuestro combate por un mundo sin miseria.
RECOMENDACIONES
Justiciabilidad de los derechos económicos, sociales y culturales: una dimensión esencial de la lucha contra la pobreza es que es un combate por el reconocimiento efectivo de TODOS los derechos, y por eso es importante señalar la recomendación al gobierno para que:
- Tome las medidas legislativas pertinentes para garantizar que los derechos económicos, sociales y culturales cuenten con un nivel de protección análogo al que se brinda a los derechos civiles y políticos, asi como para promover la aplicabilidad de todos los derechos consagrados en el Pacto en todos los niveles del sistema judicial.
- Realice capacitaciones, especialmente entre jueces, abogados, agentes del orden, miembros del Congreso de los Diputados y otros actores encargados de la aplicación del Pacto, sobre el contenido de los derechos del Pacto, incluidas las observaciones generales del Comité, y sobre la posibilidad de invocarlos ante los tribunales; y que lleve a cabo campañas de sensibilización entre los titulares de los derechos sobre la justiciabilidad de los derechos económicos, sociales y culturales.
Medidas de austeridad: Porque las políticas de austeridad y los recortes han perjudicado especialmente a quiénes vivían con mayor precariedad, hay que empujar al gobierno a que se atreva a seguir la recomendación de realizar una evaluación exhaustiva de los efectos de tales medidas en el disfrute de los derechos económicos, sociales y culturales, en particular de las personas y grupos desfavorecidos y marginados, y que con la participación de las poblaciones afectadas evalúe la posibilidad de dar por concluidas esas medidas.
Discriminación: la pobreza no es sólo cuestión económica, sino que implica también el sufrir la violencia de la exclusión y el rechazo por parte de otras personas, colectivos e instituciones. Por ello el gobierno debe escuchar la recomendación del Comité DESC para redoblar sus esfuerzos para prevenir y combatir la persistente discriminación, en particular contra gitanos y romaníes, las personas con discapacidad, los migrantes, refugiados y solicitantes de asilo, incluso llevando a cabo campañas de sensibilización, a fin de garantizarles el pleno ejercicio de los derechos reconocidos por el Pacto.
Pobreza: el Comité recomienda agilizar la elaboración y adopción de la estrategia nacional de prevención y lucha contra la pobreza y la exclusión social 2018-2020, asegurando que esté enfocada en las personas y grupos más afectados, y que se asignen los recursos suficientes para su aplicación.
Vivienda: Hablando de derechos, uno especialmente vulnerado en nuestro país es el derecho a la vivienda. En este aspecto el Comité DESC recomienda adoptar todas las medidas necesarias y la asignación de recursos suficientes para hacer frente al déficit de vivienda social, especialmente para las personas y grupos más desfavorecidos y marginados, así como adoptar las medidas necesarias para reglamentar el mercado privado de la vivienda para facilitar la accesibilidad, disponibilidad y asequibilidad de una vivienda adecuada para las personas de bajos ingresos.
INSTANCIAS
Pero el Comité DESC no se queda en dar recomendaciones. Sobre algunos aspectos no «recomienda», sino que «insta» al estado español a realizar determinadas mejoras. Instar, según la RAE, es «Repetir la petición , insistir en ella con ahínco», o también «Apretar o urgir la pronta ejecución de algo». Es decir, que hay determinadas vulneraciones de estos derechos que vienen de largo, que ya se han señalado a España hace tiempo y que no se han tomado en cuenta, o bien que deben resolverse con urgencia por la importancia que tienen.
Desahucios: El Comité reitera su anterior recomendación e insta a España a que adopte un marco legislativo que incorpore los principios de razonabilidad y proporcionalidad en los desahucios, así como las debidas garantías legales y procesales para las personas afectadas; asegurando que las personas afectadas tengan acceso a una compensación o la opción de una vivienda alternativa adecuada; sean informadas con un plazo suficiente y razonable de notificación sobre las decisiones que ordenen los desahucios y tengan acceso a un recurso judicial efectivo. El Comité recomienda también que se adopte un protocolo de actuación en casos de desahucios que asegure una coordinación adecuada entre los tribunales y los servicios sociales locales, así como entre los servicios sociales mismos, a fin de brindar una protección adecuada a las personas que puedan quedarse sin hogar como resultado del desahucio.
Salud: se insta a hacer una evaluación exhaustiva sobre el impacto que ha tenido la aplicación del Real Decreto-ley 16/2012 en el disfrute del derecho del más alto nivel posible de salud para realizar los reajustes necesarios para garantizar la disponibilidad, accesibilidad, asequibilidad, aceptabilidad y calidad de los servicios y atención de salud, incluyendo la derogación de las disposiciones que implicaron retrocesos en la protección del derecho a la salud. Además, le insta a que tome las medidas necesarias para que los migrantes en situación irregular tengan acceso a todos los servicios de salud necesarios, sin discriminación alguna.
Estas son las tareas que tenemos por delante. Es hora de ponernos a hacer los deberes y de establecer los mecanismos que obliguen a las diferentes instituciones a cumplir con ellos.
Por una sociedad que respete y garantice los todos los derechos de todas las personas. Por una sociedad sin pobreza ni exclusión.
ATD Cuarto Mundo España 